El Consell pagará 13 millones a la plantilla de RTVV por no ir al trabajo

1.500 trabajadores de Ràdiotelevisió Valenciana (RTVV) continúan cobrando sus nóminas sin ir a trabajar. Desde que en la madrugada del pasado 26 de noviembre recibieron por email una notificación de que pasaban a estar con permiso retribuido, no tienen que volver a sus puestos de trabajo. Y cuando lo han intentado, se les ha impedido el paso.

Ya ha pasado un mes y medio desde que se apagaran las emisiones de Canal 9 (llamada Nou durante unas semanas) y Ràdio 9 (Nou Ràdio) por mandato del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Su decisión se produjo a raíz de conocerse el 5 de noviembre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declara nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), lo que obligaba a readmitir a un millar de empleados.

Previsiblemente, entre esta y la próxima semana, se iniciarán los trámites para finiquitar los contratos y la sociedad, definitivamente, a través de un ERE de extinción que el Consejo Liquidador de RTVV ha adjudicado a KPGM. Esta consultora y despacho de abogados anunció en abril de 2012 la incorporación de Román Ceballos Sancho como nuevo director del Área Laboral en la región. Ceballos ejercía con anterioridad de secretario autonómico de Formación y Empleo y director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), entre otros cargos.

Se calcula que todo el proceso puede prolongarse hasta marzo, unos tres meses desde que se cerraron las emisiones. Ahora se abrirá un nuevo periodo de consultas para el que hay un plazo señalado de 30 días naturales para empresas grandes como RTVV, excepto que se llegue a un acuerdo con anterioridad, algo que se antoja muy poco probable tal como están enfrentadas las dos partes. Es habitual que este plazo se prolongue, en función de la situación de la negociación laboral y de su complejidad. Además, luego hay que esperar la resolución administrativa para materializar las extinciones. KPGM es la tercera firma contratada por RTVV, tras PricewaterhouseCoopers y Garrigues, primero para su reestructuración y luego para su extinción.

A partir de la información del departamento económico, el comité de empresa calcula que la Generalitat gasta cada mes 4,5 millones de euros para mantener a los trabajadores en casa, en contra de su voluntad. La mayor parte de esta cifra corresponde al pago de nóminas de 1.500 empleados (siguen trabajando entre 60 y 90, sobre todo en administración, y algunos pocos se fueron de la empresa), pero también se contabilizan los pagos de alquiler de equipos y otros costes fijos.

En consecuencia, la Generalitat habrá desembolsado 13,5 millones de euros en tres meses para mantener clausurada RTVV, sin contar las futuras indemnizaciones (la parte mollar de las negociaciones), ni los ingresos en publicidad que se dejaron de recibir por la campaña navideña (que ascendían a 3,5 millones de euros), ni otros compromisos de derechos de antena adquiridos.

Al preguntarle por qué no se sigue prestando un servicio público mientras se paga a los trabajadores, Fabra no cuestiona las cifras de gasto manejadas, pero sí insiste en que mantener abierta RTVV sería mucho más gravoso y que si se ha clausurado es para garantizar las políticas sanitarias y educativas. Lo hizo en su comparecencia tras el pleno del Consell el 3 de enero y lo reiteró el pasado martes, en el desayuno informativo de Fórum Europa. Aquí afirmó que el proceso de cierre “está cumpliendo los plazos legales y primero se tiene que proceder a la extinción de la sociedad”, y reiteró que la readmisión de los trabajadores hubiera supuesto destinar 40 millones no presupuestados y quitarlos de otras partidas sociales.

Sin inventario de bienes

Mientras tanto, el comité de empresa ha denunciado a la Inspección de Trabajo que RTVV ha contratado a un profesional externo para preparar el ERE cuando “1.500 trabajadores cobran la nómina sin que se les permita trabajar”. También se considera que la decisión abrupta de cerrar de esa manera RTVV obedece al propósito de la Generalitat de cortar con las informaciones críticas con el Gobierno valenciano que marcaron los 24 días de vacío de poder, entre el anuncio de cierre y su ejecución. Además, justo cuando arranca la retahíla de juicios contra excargos del PP, como la vista ya abierta contra el exconsejero de Solidaridad Rafael Blasco.

Trabajadores de RTVV inciden en que aún no se ha hecho ningún inventario de los bienes patrimoniales del patrimonio de la cadena. Ni se ha hecho una auditoria de los daños y perjuicios que se han podido ocasionar al cortar el fluido eléctrico para apagar las emisiones de Canal 9, y por tanto, desconectar los sensibles equipos de alta tecnología diseñados para dar continuidad todo el año, que fueron apagados sin seguir el protocolo. La sala de control central continúa con los precintos de la policía autonómica. Tampoco se ha actuado por el importante archivo audiovisual ni se ha tomado ninguna decisión sobre el mismo.