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En 2012 se iniciaron 152 investigaciones, un 22% más que el año anterior

España cuenta con una veintena de delegaciones territoriales anticorrupción

La última memoria de la fiscalía rematada hace balance de 2012 y revela que en ese ejercicio la incoación por parte de la fiscalía de Galicia de procedimientos relacionados con la corrupción aumentó un 22% y pasó de 124 casos en 2011 a 152. De ellos, en 18 sumarios hubo calificaciones de delito y en ocho los juzgados dictaron sentencias. Una amplísima mayoría de las investigaciones realizadas por el ministerio público durante 2012 en Galicia aluden a presuntos delitos de prevaricación (73) pero hubo también 18 casos en los que se indagó sobre la existencia de sobornos, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Pese a estos datos en poder de la Fiscalía General del Estado, nadie ha movido un dedo para crear la unidad especializada que desde hace cuatro años se viene reclamando desde Galicia. La Fiscalía Anticorrupción fue puesta en marcha por el último Gobierno de Felipe González ante la proliferación de escándalos políticos que culminaron en la condena de varios altos cargos socialistas. Con la llegada de Cándido Conde Pumpido a la Fiscalía General del Estado en 2004 se crearon delegaciones territoriales, las primeras en Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

En la actualidad operan una veintena repartidos por distintos territorios del país. La fiscal jefe de Sevilla ha reclamado esta semana una tercera plaza (la provincia ya cuenta con dos) dada la saturación de trabajo derivada de las investigaciones del caso de los ERE y las presuntas prácticas corruptas del sindicato UGT.

Galicia, pese al evidente incremento de sumarios relacionados con la corrupción, no cuenta con ninguna. Su creación depende básicamente de la voluntad del fiscal general del Estado y no entraña gran dificultad administrativa: bastaría con crear una nueva plaza en alguna de las cuatro circunscripciones provinciales, designar un candidato para hacerse cargo de las investigaciones y que sea habilitado para poder operar en todo el territorio de la comunidad.

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