La Fiscalía General del Estado niega una unidad anticorrupción a Galicia

La Fiscalía General del Estado ignora desde hace cuatro años las peticiones que le llegan desde Galicia para poner en marcha una unidad anticorrupción. Las demandas para crear esa delegación especial surgieron a partir del elevado número de sumarios que se han registrado en el último lustro relacionados con la delincuencia organizada. Y las ha venido formulando el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, en la etapa de Cándido Conde-Pumpido como fiscal general del Estado y en la actual, de Eduardo Torres Dulce. Las sucesivas reclamaciones (en público y en privado) no han tenido una respuesta oficial desde Madrid. En este tiempo no solo ha habido peticiones verbales de Carlos Varela (en distintos foros, desde el Parlamento a los periódicos) sino también escritos internos en los que la fiscalía superior de Galicia ha comunicado a sus superiores que no dispone de medios suficientes para investigar los abundantes sumarios de corrupción —en los que están inmersos desde representantes políticos a funcionarios de distintas Administraciones— y que se traducen en un cierto “sentimiento de impunidad” entre la ciudadanía.

Así consta en una carta firmada por Carlos Varela el 22 de mayo de 2012 y dirigida al fiscal jefe de la unidad Anticorrupción, Antonio Salinas, en la que pregunta a la fiscalía especial para la represión de los delitos económicos si podría “proporcionar algún tipo de apoyo que permita el avance de procedimientos judiciales relacionados y facilite su enjuiciamiento eficaz en tiempo razonable”. Las demandas de la fiscalía superior se alimentan de un informe del fiscal jefe provincial de Lugo en el que se “da cuenta de las dificultades que se presentan en el avance de la investigación de determinados comportamientos delictivos que se encuentran judicializados en la capital provincial”. El escrito de la fiscalía de Lugo alude fundamentalmente a la Operación Campeón, la investigación abierta sobre un presunto fraude de subvenciones del empresario Jorge Dorribo (el principal imputado en la supuesta trama) que ha motivado la imputación y posterior dimisión de dos diputados autonómicos (Pablo Cobian, del PP, y Fernando Blanco, del BNG) en la pasada legislatura. Pero el fiscal superior también incluye el caso Arena (que motivó el cese del exdiputado popular Javier Escribano, que según un empresario había recibido un Porsche de segunda mano a cambio de influir para condicionar ayudas de la Xunta). Y subraya que la denuncia fue archivada “con la convicción judicial de que un chivatazo de la intervención telefónica acordada fue determinante en el fiasco de la investigación abierta”.

En la misiva al responsable de Anticorrupción, Carlos Varela sostiene que las inspecciones realizadas en las fiscalías provinciales detectaron “como principal conclusión la carencia de estructuras especializadas para el abordaje de este tipo de criminalidad compleja, generalmente cometida con sofisticados recursos”. “El caso de Lugo añade el inquietante problema de la presunta corrupción de titulares de cargos políticos y de funcionarios cuya instrucción eficaz y llegada a buen fin depende del nivel de grado de especialización y del apoyo de medios peridiciales de que pueda disponer la investigación”, concluye.

No es esta la primera vez que el fiscal superior se refiere a las dificultades que se encuentra el ministerio público en Galicia para indagar sobre los casos de corrupción y reivindica más medios para combatirla. Lo ha hecho Carlos Varela —de manera más o menos velada— en sus sucesivas comparecencias ante la Comisión de Xustiza del Parlamento gallego desde 2010. Las memorias anuales que presenta la institución están plagadas de llamadas de atención en el mismo sentido. Sus continuas invocaciones no han tenido un mínimo efecto en la Fiscalía General del Estado, más allá de algunas conversaciones informales que no han fructificado.