Justicia para todos

Justicia para todos: radical, verdadera. Escucho asegurar a algunos entusiastas que en España hay justicia universal porque la infanta Cristina ha sido imputada finalmente, que todas las sospechas sinuosas sobre la parcialidad del sistema judicial han sido abatidas por el pulso legal de una imputación. Más vale tarde que nunca, pero ha llegado tarde: porque muchos la esperábamos, como su consecuencia lógica, desde que se descubrió el escándalo Urdangarin, y la gente está dejando de confiar en la justicia como última frontera del Estado de Derecho. Por eso cuando se insiste en la necesidad de aclarar totalmente el caso de los ERE, de investigar la responsabilidad no solo de los ya imputados en el desvío de partidas presupuestarias destinadas a cursos de formación, sino de los dos presidentes anteriores de la Junta de Andalucía, más allá de la razonable indignación ciudadana, se hace atendiendo a los escasos mínimos de credibilidad, uno de ellos la justicia, que todavía sostienen nuestra vida pública.

El Gobierno no puede conceder el indulto a un tipo que condujo durante cinco kilómetros en dirección contraria, matando a un conductor que venía tranquilamente por su lado de la carretera; sobre todo, si tenemos en cuenta la vinculación de su abogado defensor relacionado además con el bufete en el que trabaja el hijo del ministro de Justicia. A la vista del caso y de otras cosas, seguramente lo peor que le ha ocurrido a la justicia española, en los últimos años, ha sido el nombramiento de Alberto Ruiz-Gallardón, que impulsa indultos de ética dudosa con el mismo entusiasmo con el que abole la justicia universal, poniendo precio a las distintas instancias judiciales, o programa una ley del aborto que se ha dejado atrás a la mujer, aunque poco antes, en su etapa madrileña, dispensara la píldora poscoital con la mayor liberalidad. Hay políticos sin principios, pero no sin rumbo: el suyo únicamente, aunque por no perderlo dilapiden todas nuestras conquistas democráticas. Esto puede ocurrir con la justicia.

Para que haya justicia para todos, los jueces necesitan los instrumentos adecuados para que la sentencia contra Javier Sardá y Javier Cárdenas, por burlarse en televisión de un disminuido psíquico, no se demore 10 años en distintas instancias. Durante mucho tiempo, Crónicas marcianas se entretuvo en ofender a gentes más o menos indefensas, como cuando decidieron que era divertidísimo entrevistar a andaluces con acento cerrado para tratar de ridiculizarlos ante la cámara. Ahora, al llegar la sentencia, los espectadores ya se han olvidado de Crónicas marcianas y Sardá ha tenido tiempo de fracasar en sus intentos de volver; por eso la noticia no es la multa que deberán pagar, sino la inexplicable demora judicial, que aleja la justicia de la ciudadanía: nada menos que 10 años de papeleo y letargo para juzgar un hecho tan probado y visible como el atentado contra la dignidad de un disminuido psíquico en directo.

En un país amenazado por el secesionismo —con sus consecuencias políticas, económicas y sociales—, su rotura económica y esta sangría de corrupción, el último recurso es el Derecho. Por eso muchos no hemos entendido los trabalenguas pausados de Eduardo Torres Dulce, justificando la no imputación de la infanta Cristina, mientras entendíamos perfectamente los razonamientos del juez Castro para imputarla. Pero más allá de las sombras del lenguaje, los jueces no pueden continuar sin los medios precisos para instruir causas de corrupción y delitos financieros de especial complejidad, como el caso de los ERE de Andalucía o el Gürtel, sin que sus juzgados se refuercen con otros magistrados y un cuerpo de peritos contables y expertos en informática y finanzas dependiente del Poder Judicial, como han denunciado los jueces decanos en su reunión de Sevilla.

Los medios de los jueces, precarios en demasiadas ocasiones, no pueden verse tan sobrepasados por la opulencia de recursos de algunos imputados. Esperamos un sistema de convivencia que sepa mirar y analizar la vida, sí, pero sin imitar sus vicios, para que la justicia pueda ser efectiva y no se vea enterrada por el tiempo.

Joaquín Pérez Azaústre es escritor.