Llera critica que el Gobierno prevea eliminar los partidos judiciales

El consejero de Justicia, Emilio Llera, critica que la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial que prevé el Gobierno central supondrá centralizar en las capitales todas las sedes y servicios judiciales, lo que alejará la justicia de los ciudadanos de numerosas localidades andaluzas que no son capitales de provincia. El Ministerio de Justicia planea esta medida a través de la implantación de los nuevos tribunales de instancia provinciales, lo que se traducirá en la eliminación de los 85 partidos judiciales actualmente existentes en la comunidad.

Llera advierte de la primera consecuencia de la medida: “Provocaría un grave alejamiento de los ciudadanos de un servicio público esencial como es la justicia”. En la última reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en Madrid con la participación de representantes del ministerio y de las comunidades autónomas con competencias de Justicia, el Gobierno central planteó su propuesta para implantar en un futuro los tribunales de instancia con un ámbito competencial de circunscripción provincial.

En concreto, solo se mantendrían circunscripciones provinciales y con sedes únicamente en las capitales a través de los nuevos tribunales,todo ello a pesar de que el comité de expertos había elevado al departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón una propuesta que apuntaba a una reducción de partidos judiciales en Andalucía inferior a la que ahora plantea el Estado con este nuevo modelo.

“No se puede romper la necesaria proximidad de este servicio público y condenar a sus usuarios a tener que realizar desplazamientos largos y costosos que vulnerarían el principio de igualdad en el acceso a la justicia y la cohesión social y territorial (...) Los ciudadanos no acuden por gusto a este servicio, sino que recurren a él por la necesidad de defender sus derechos o la legalidad o bien les reclaman a la fuerza por haberlos vulnerado”.

El consejero rechazó el impacto que tendría en las infraestructuras judiciales, una competencia del Gobierno andaluz, ya que tendría consecuencias sobre el actual mapa de sedes judiciales de las provincias y sobre las inversiones, proyectos y mejoras realizadas por la Junta en esas dependencias, afectando directamente a la planificación que ejecuta la Junta.