Idea pide que la Intervención ejerza la fiscalización previa en sus operaciones

La falta de control fue una de las principales razones que motivaron el fraude de los ERE. Esa ausencia de ojos para supervisar de manera preventiva las ayudas que daba la Consejería de Empleo y pagaba la agencia Idea (antiguo Instituto de Fomento de Andalucía, IFA), generó durante 10 años una bola de nieve que trascendió hace solo tres años.

Ahora Idea ha pedido que los ojos de la Intervención General fiscalicen cada pago antes de que este se lleve a cabo. Es decir, que se ejerza la fiscalización previa que impera en todas las consejerías y no en las empresas públicas. En cierto modo supone una vuelta a los orígenes, ya que a principios de los noventa la Junta tomó la decisión de crear unas 200 empresas públicas para agilizar sus inversiones y toma de decisiones al margen de los interventores, que ralentizaban la aprobación de los gastos con una escrupulosa supervisión. Para estas sociedades (que incluyen RTVA, Idea, Egmasa y EPSA, entre otras) el Ejecutivo ideó entonces el control financiero permanente. “Esta fórmula se alejaba de la intervención a priori y fue la razón para crearlas, huir de los corsés”, ilustran fuentes de la Intervención General.

La crisis y la reconversión de la Administración han llevado a la Junta a reducir estas empresas públicas hasta unas 120, y a intentar que su fiscalización sea más severa para evitar nuevos fraudes como el de los ERE, que tantos quebraderos de cabeza ha traído al Ejecutivo. Pese a las vacas flacas, Idea permanece con 300 empleados como el buque insignia de los entes instrumentales para las inversiones en empresas, especialmente las tecnológicas, y gestiona fondos por unos 1.250 millones al año. Y el pasado diciembre su consejo rector aprobó solicitar a la Intervención General que sus actuaciones sean sometidas “a informe previo suspensivo”, señala la carta dirigida por el director general de Idea, Antonio Valverde, al interventor general, Adolfo García. Esto es, si el interventor identifica que un gasto es inconveniente o no se ajusta a la ley, tiene potestad para frenarlo, tal y como ocurre en todas las consejerías de la Junta.

El problema del control sobre los ERE consistía en que los expedientes de Idea se fiscalizaban a posteriori (excepto los que iban a Consejo de Gobierno) y los reparos se respondían con dos o tres años de retraso, cuando a veces ya había cambiado el mecanismo. Esto se sumaba al hecho de que el interventor fiscalizaba Idea pero los expedientes se guardaban en Empleo. “Los ERE han acelerado la fiscalización previa. ¿Por qué se toma la medida? Para avanzar y porque la sociedad demanda una mayor transparencia. Para arrancar 2014 de otro modo”, exponen fuentes de la agencia pública. La clave está en que el interventor delegado se convierte en “el contable” además del “controlador”, “y si no estás de acuerdo, cierras el flujo financiero”, matizan fuentes de la Intervención General. El equipo de seis funcionarios que forma la unidad de control interno en Idea ya fiscalizaba desde hace un año los contratos, convenios, encomiendas y cualquier acuerdo mercantil antes de que se cerraran, por lo que ya ejercía de facto una supervisión previa. Pero ahora la fórmula se oficializa.

Otra historia es que la medida se extienda a otras empresas públicas de entidad, ya que esto implicaría un refuerzo de la Intervención General. Este departamento de la Consejería de Hacienda nunca pudo dar abasto ante la profusión de empresas públicas que creó la Junta, por lo que optó por un control más exhaustivo sobre los 20 entes instrumentales más importantes dentro de la denominada Administración paralela.

Sin embargo, fuentes próximas a Idea sugieren que la fiscalización previa en la agencia no será la solución definitiva contra el descontrol, dado que la competencia para establecer el procedimiento de ayudas es la clave para que nazcan las irregularidades, y esta seguirá recayendo en Idea en vez de gestionarse desde la propia consejería. “El mecanismo de fiscalización a posteriori no tiene por qué necesariamente ser peor. Al que trinquen a la cárcel y listo”, matizan estas fuentes.