Medio millón de pobres

La Fundación BBVA y el instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) alertaban en su último informe del aumento de las desigualdades en España tras el tsunami de la crisis y pedían a las Administraciones Públicas que el futuro crecimiento no sea excluyente. Según este informe, la renta disponible se redujo en España entre 2008 y 2012 un 14%, pero la caída ha sido especialmente dura en el 10% de los hogares con menos ingresos que han visto retroceder su renta disponible per cápita a un ritmo anual de casi el 10% desde 2007. En la Comunidad Valenciana, según las estadísticas oficiales, existen medio millón de pobres con perfiles diversos y pocas perspectivas de encontrar empleo, subraya Joaquín Azagra, profesor titular de Historia Económica de la Universitat de València. Están por debajo de la mitad de la renta media española. Esta bolsa podría enquistarse, si su erradicación no se convierte en una prioridad del gobierno, advierte el académico.

“Aquí tenemos un índice de pobreza severa algo superior a la media, concretamente del 7,9% frente al dato estatal, que se sitúa en el 7,1%”, explica el académico. Azagra, que ha trabajado con datos de la Comunidad Valenciana, destaca las semejanzas entre la situación media española y la valenciana. “La desigualdad está ligeramente por debajo de la media pero de forma inapreciable”, añade; aunque esa media oculta, en opinión del profesor, diferencias importantes entre las comunidades autónomas españolas.

Como señala el informe del IVIE, elaborado por un amplio grupo de investigadores y dirigido por el catedrático Francisco Pérez, el gran responsable de todo este deterioro social ha sido el paro, la destrucción de empleo. Los hogares con menos ingresos son las grandes víctimas de la crisis. El 20% de la población más rica controla ahora el 40% de los ingresos totales, mientras el 20% de población más pobre, tiene en su poder solo el 6,78%, con un retroceso notable, sobre todo, del grupo de pobres severos.

La miseria creció un 18% entre 2008 y 2011 frente al 8% de media en España

En mayo pasado, el instituto valenciano medía la evolución de la pobreza en España y concluía que Canarias y la Comunidad Valenciana lideraban la tabla de comunidades más pobres. Las estadísticas revelaban que la miseria había crecido entre 2008 y 2011 alrededor de un 18% en territorio valenciano frente a un aumento medio del 8%. Eran datos basados, de nuevo, en la pérdida de renta de los hogares, provocado en gran parte por el paro.

“El enquistamiento de una bolsa de pobreza entre nosotros, es ya una cuestión moral de primera magnitud, pero puede convertirse además en un problema social a corto plazo”, advierte Azagra, que llama la atención sobre el efecto perverso que tienen en este contexto los recortes sociales.

El Índice DEC 2013, que confeccionan cada año los responsables de los servicios sociales españoles sobre el desarrollo de los mismos, hace saltar todavía más las alarmas. La valenciana es una de las autonomías que ha mejorado su presupuesto en servicios sociales de 2009 a 2012, concretamente casi un 15%. Pero “su débil posición de partida”, dice el informe, “hace que tanto sus indicadores de gasto como su oferta de prestaciones se encuentren muy por debajo de la media estatal”. De hecho, aparece en el grupo de autonomías cuyo índice de desarrollo de sus servicios sociales se considera “irrelevante”. La Comunidad ha pasado de gastar 662 millones en 2009 a 759 en 2012 en este capítulo. O lo que es lo mismo, si hace tres años el gasto era de 129 euros por habitante, el año pasado era de 151 euros frente a los 275 de media estatal. Pero no parecen suficientes.

El Consell gasta en servicios sociales 129 euros por habitante, el Estado, 275

Uno de sus puntos débiles, advierte el documento, es la pobreza de la legislación autonómica a la hora de reconocer los derechos subjetivos en materia de servicios sociales de su población. Ha mejorado sensiblemente en el reconocimiento de la dependencia y en la extensión de las rentas mínimas de inserción —en 2010 lo recibía uno de cada 567 valencianos y el año pasado, uno de cada 295—. Pero ha empeorado en acogimientos familiares a menores, en la ratio de trabajadores de plantilla por habitante en la red de servicios sociales, en la extensión de la atención a la dependencia, en la cuantía de las rentas mínimas de inserción y en las plazas residenciales para mayores.

En el apartado de recomendaciones, el informe DEC aconseja reforzar la red de servicios sociales, mejorar los servicios de atención a la dependencia, extender el servicio de ayuda a domicilio y también la cobertura de la renta mínima de inserción.

Dado que la pobreza severa es aquí más elevada que en el resto de España, y dada la debilidad de nuestro sistema de atención social, cabe pensar, reflexiona Azagra, que aquí cuentan con menos ayuda. Y continúa: “Mala cosa para el futuro más inmediato. Porque si la consolidación fiscal sigue exigiendo al Consell economías y recortes, no menos presión debe suponer la existencia de más de medio millón de pobres con perfiles diversos y escasas perspectivas de encontrar empleo”, concluye el académico, que recuerda que un tercio de la población española —dato que puede extrapolarse a la valenciana— está en riesgo de pobreza.