EU pide a Fabra la suspensión cautelar de la ATE de Ikea en Rabassa

Esquerra Unida ha pedido este viernes al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la suspensión cautelar de la tramitación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) promovida para la implantación de Ikea en la zona de Rabassa en Alicante, según ha informado el partido en un comunicado.

En un escrito, firmado por el concejal Miguel Angel Pavón y por la diputada autonómica Ester López, la formación de izquierdas argumenta que la ATE está promovida por la mercantil Alicante Avanza (Grupo Urbanika), participada por el empresario Enrique Ortiz, "sobre terrenos de suelo no urbanizable" vinculados al Plan Rabassa mientras se desarrollan las diligencias previas de investigación penal 1468/2008 seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante y, en su caso, el posterior procedimiento penal que puedan originar".

EU ha solicitado la suspensión de la declaración de ATE para "someter a participación pública la versión preliminar" de la actuación estratégica.

DESLEGITIMACION

A juicio de Pavón y López Barceló, el proceso puede quedar "deslegitimado" por el "presunto amaño del Plan Rabassa" en favor de los intereses de Enrique Ortiz y sus "vinculaciones" con la ubicación sobre terrenos del Plan de la macrosuperficie comercial de 300.000 m2 "que también promueve Enrique Ortiz a través de la ATE presentada por Alicante Avanza".

EU ha recordado que "se trata de cuestiones que están siendo investigadas" en el marco de las "diligencias previas 1468/2008 --pieza separada del caso Brugal--", en las que la formación está personada como acusación popular.

Estas se reabrieron por una denuncia de la formación de izquierdas en la que se apunta "la posible comisión de varios delitos --prevaricación, tráfico de influencias y cohecho--, por parte de distintos cargos y responsables públicos municipales, autonómicos y estatales, entre ellos la alcaldesa Sonia Castedo, el exalcalde Luis Díaz Alperi y la exsecretaria autonómica de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio María Angeles Ureña, técnicos municipales y el propio Enrique Ortiz".

"Los presuntos ilícitos penales investigados, en caso de confirmarse mediante sentencia judicial firme, conllevarían de forma automática la anulación de la ATE, por lo que la aplicación de un elemental criterio de cautela jurídica conllevaría la suspensión inmediata de su tramitación mientras se desarrollan las actuales diligencias previas y el posible procedimiento penal que puedan originar", han concluido la diputada y el concejal de EU.