Valmor pagó a Garrigues 275.000 euros por preparar su venta a la Generalitat

La empresa Valmor Sports, SL, que organizaba la prueba de Fórmula 1 en Valencia, encargó en julio del año 2011 al bufete Garrigues Abogados el estudio y ejecución del proceso de reestructuración accionarial y financiera, con redacción de contratos y medidas de ahorro de costes, que llevaría a la venta de la sociedad a la Generalitat. La diputada socialista en las Cortes Valencianas Eva Martínez ha tenido acceso, —entre la documentación que ha podido consultar sobre las relaciones de la Generalitat con Bernie Ecclestone, patrón de la fórmula 1—, a una carta de Garrigues en la que especifica los objetivos y la cuantía del estudio. En la información consta que el trabajo del despacho de abogados costó 275.000 euros más IVA.

Ese mismo año, la Generalitat compró Valmor Sports, SL, en una operación por la que desembolsó un simbólico euro pero que supuso cargar con pérdidas de unos 40 millones de euros. La empresa que firmó originariamente los contratos con Ecclestone no se encargaba directamente de la organización deportiva de la prueba, ya que corría a cargo de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, empresa pública que gestiona el circuito de Cheste. Desde 2008, a partir de la segunda edición del Gran Premio en el circuito urbano de Valencia, además, fue la Generalitat la que asumió el pago del canon anual. Valmor se reservó el montaje de las gradas y la gestión de las entradas.

Pese a ello, Valmor, —cuyos socios eran el empresario Fernando Roig, Bancaja y la empresa Worldwide Circuit Managemenet, de la que participaban Jorge Martínez Aspar y Vicente Cotino—, acumuló deudas hasta hacer insostenible su viabilidad. Y la Generalitat, ya presidida por Alberto Fabra, la compró para hacerse cargo directamente de toda la relación con la Fórmula 1. Una competición que, finalmente, no volverá a celebrarse en Valencia, tras la negociación con Ecclestone para rescindir el contrato porque la Administración autonómica no puede asumir los costes de su celebración.

“¿Por qué era necesario contratar con Garrigues si Valmor se iba a fusionar con una empresa pública y estaban los servicios de la Abogacía de la Generalitat, que podían ocuparse de estos trámites?”, se pregunta la diputada Martínez. “Es evidente que los socios de Valmor no se fiaban de la Generalitat”. La parlamentaria subraya que Lola Johnson, entonces consejera de Cultura, Turismo y Deporte, anunció la compra de Valmor en diciembre de 2011, pese a que la operación se produjo meses antes. Y atribuye el recurso al despacho de Garrigues a que el contrato de compraventa tenía que recoger, como así ocurrió, la “exoneración de responsabilidades de los gestores de Valmor”.

“Era un tema delicado para Valmor”, dice Martínez. “Lo principal era exonerar de responsabilidad a los socios de la empresa, que prefirieron que un despacho importante estuviera vigilando que así se ponía en los papeles”.

“El pago lo hemos acabado asumiendo todos los valencianos”, añade la diputada socialistas, portavoz de los asuntos relacionados con la política de grandes eventos en las Cortes Valencianas. “Valmor tenía suscrito un contrato de asesoramiento en derecho mercantil y derecho administrativo con Broseta Abogados, a razón de 2.500 euros mensuales desde enero de 2010”. Pero prefirió hacer el encargo a Garrigues, un despacho con el que, por otra parte, la Generalitat ha frecuentado los asesoramientos y trabajos de consultoría. La diputada socialista cita, entre otros, los encargos asumidos por este bufete para la empresa pública Areocas, del aeropuerto castellonense, y para Ciudad de la Luz, otro de los grandes proyectos de la Generalitat en trámite de liquidación.