La huelga deja más de 1.200 toneladas de basura en las calles de Málaga

Elcomité de la emrpesa Limasa y el Ayuntamiento de Málaga han alcanzado un principio de acuerdo con el que se acabará la huelga de basura, una vez que la asamblea de trabajadores lo ratifique hoy.

El propio alcalde, Francisco de la Torre (PP), así lo ha anunciado en su cuenta de twitter: "Principio de acuerdo en el conflicto de Limasa". El acuerdo es similar al que estuvo a punto de evitar la huelga el primer día, el pasado jueves por la noche, pero que acabó no firmándose debido a ciertos puntos. Las partes han llegado a un acuerdo horas más tarde de que el regidor anunciara la contratación de empresas para retirar con urgencia los residuos acumulados en puntos críticos de la ciudad.

Las calles de Málaga han superado las 1.200 toneladas de basura sin recoger por la huelga de limpieza de los trabajadores de Limasa, activa desde el pasado viernes. Los servicios mínimos, del 65% en el centro y del 40% en los barrios, se están cumpliendo, pero la presencia de residuos ha aumentado. El conflicto laboral se ha recrudecido y el alcalde, Francisco de la Torre, decidió endurecer su plan de ajuste tras negarse el comité de empresa a convocar una asamblea para votar y desactivar la huelga. Además, ha contratado a empresas externas para limpiar zonas “críticas”. Empezó por la calle Fresca, donde argumentó que según informes Policía Local y de servicias sanitarios, se registraban problemas de seguridad y salubridad.

El encuentro de la noche del domingo al lunes entre los representantes sindicales y el concejal de Medio Ambiente de Málaga, Raúl Jiménez, y el gerente de Limasa, Rafael Arjona, acabó enfracaso. La falta de acuerdo ha supuesto un paso atrás en las negociaciones. “Estamos en la misma posición, por lo que la huelga seguirá”, dijo el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte. “Si no se ha convocado una asamblea es porque no hay nada que debatir”, añadió. Belmonte negó que existan divisiones sobre la forma de abordar el conflicto, como sugieren desde el equipo de gobierno local

De la Torre pretendía que los trabajadores de la empresa mixta, participada en un 49% por el Ayuntamiento, votaran la propuesta lanzada justo antes del inicio del paro. Si salía adelante, se comprometía a retirar el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que se aplicará a partir del 1 de enero y supondrá el despido durante 80 días naturales al año de cada empleado hasta abril de 2017, fecha en que expira la concesión del servicio a la parte privada, liderada por FCC.

Los trabajadores se enfrentaban en ese momento a una congelación salarial para 2013 y 2014, de la que se excluía el plus de antigüedad, y a la reducción de la paga de productividad a 368 euros (este año ha sido de 868 euros). Se proponía, además, que la plantilla trabajara un sábado al mes entre mayo y octubre y que ese día no se recuperara. A cambio, las vacaciones de invierno serían de 21 jornadas, no de 15. El tema de los descansos ha sido el escollo para cerrar un acuerdo.

La nueva oferta supone un retroceso para los trabajadores. La plantilla se expone a la eliminación de la paga de productividad (sí se actualiza la antigüedad), se pierde la quinta semana de vacaciones y la cesta de Navidad y desaparece el complemento que abona la empresa en caso de baja por enfermedad durante el primer mes. Esta propuesta vuelve a los seis millones de euros de ahorro que se busca para 2014. La anterior rondaba los 5,3 millones y la diferencia la iba a asumir el Ayuntamiento.

Para Belmonte, la posición del Ayuntamiento es un “error” y lamentó que se busque “recorte sobre recorte” sin exigirle lo mismo a las empresas. Apuntó también que no se convocará una asamblea de trabajadores mientras no haya un principio de acuerdo.

El concejal de Medio Ambiente, por su parte, lamentó el “carácter político” de la huelga e informó de que el Ayuntamiento pedirá a la Junta que eleve los servicios mínimos al 100% en el centro de Málaga y al 85% en los barrios, es decir, que admita la propuesta municipal presentada antes del paro. Jiménez justificó esta petición en cuestiones de seguridad, ya que la acumulación de basura en algunas calles del centro podría dificultar la evacuación en caso de emergencia. Desde el inicio de la huelga han ardido unos 30 contenedores, aunque el Ayuntamiento en principio no vincula estos actos con el conflicto laboral. La Junta replicó que solo ampliará los servicios mínimos si hay riesgo higiénico y sanitario, según afirmó la delegada de Empleo, Marta Rueda.

Mientras, la situación sigue generando críticas entre los partidos de la oposición. La portavoz municipal del PSOE, María Gámez, acusó al alcalde de “echar más leña al fuego” al endurecer su oferta, criticó su falta de voluntad para dialogar y le reprochó que no haga exigencias a la parte privada de Limasa.