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Los obstáculos de la consulta

El Gobierno y los partidos soberanistas se enfrentan a la dificultad para obtener un censo actualizado y a la batalla jurídica de la oposición

Joana Ortega, vicepresidenta del Gobierno catalán.
Joana Ortega, vicepresidenta del Gobierno catalán.

El Gobierno catalán y los cuatro partidos soberanistas (CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP) pactaron hace 10 días el acuerdo para que el referéndum se celebre el 9 de noviembre de 2014 con una doble pregunta: “¿Quiere usted que Cataluña se convierta en un Estado? Y si es así, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente?”. El consenso fue celebrado por las cuatro fuerzas pero ahora se deberán enfrentar a un doble reto: superar el veto del presidente del Gobierno Mariano Rajoy y un laberinto jurídico y práctico para poder convocar la consulta. Estas son las principales dificultades que presenta el referéndum.

El problema del censo.El estado es el propietario de censo y la Generalitat, cada vez que se celebran elecciones, debe solicitar al Gobierno central que se lo transfiera actualizado. No hay duda de que La Moncloa no lo facilitará y el departamento de Gobernación, dirigido por la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, estudia alternativas para sortear ese escollo. En la ponencia de la Ley de Consultas, CiU, Esquerra e Iniciativa han pactado que el articulado del texto figure un punto que establezca que las consultas (no necesariamente la soberanista) se convoquen a partir del Registro de la Población, es decir, a partir de los datos que ya gestiona el Idescat (Instituto de Estadística de Cataluña) para elaborar sus informes. Ese registro es más amplio que el del censo electoral porque figuran todos los ciudadanos que viven en Cataluña, incluidos los menores de 18 años y los inmigrantes sin derecho a voto.

El instrumento del Idescat. El plan es que el Idescat sea el instrumento para solicitar al Gobierno los datos actualizados para hacer cualquier consultas. Y los partidos soberanistas creen que el Ejecutivo de Rajoy no se podrá negar a facilitarlos porque en ese momento el referéndum no estará convocado. “Sería muy agresivo que no nos lo dieran. Y, además, ¿Es que acaso no podemos, por ejemplo, hacer un referéndum sobre las nucleares?”, dice Dolors Camats, coordinadora nacional de Iniciativa per Catalunya. El problema es que el Idescat se nutre de los filiaciones que le proporciona el Estado que, a su vez, se alimenta de los del padrón de los Ayuntamientos. En cualquier caso, con la herramienta del Idescat se espera recabar los nombres y apellidos de los ciudadanos que viven en Cataluña. Para los que residen en el extranjero, se ha ideado un Registro para que se apunten voluntariamente y puedan votar.

Riesgo de infracciones. El PP y Ciutadans entablarán una batalla jurídica a cada paso que den los partidos soberanistas para elaborar el censo. Carina Mejías, diputada de Ciutadans, recalcó que para hacer un registro se debe pedir autorización a los afectados y después comunicarlo a la Agencia Nacional de Protección de Datos. Y señala que no pueden figurar los jóvenes de 16 años, llamados a participar en la consulta, porque son menores de edad y se necesitaría el permiso de sus padres. “Todo el proceso es de una inseguridad jurídica pasmosa. Es una ilegalidad flagrante”, señala Mejías recordando además la inconstitucionalidad de la consulta. Ciutadans animará a presentar demandas por esas supuestas infracciones cuando se usen nombres y apellidos sin permiso. “¡No con mis datos!”, exclamó Mejias en el Parlament. “Recibirán tantas demandas que no tendrán tiempo a contestarlas en esta legislatura”.

El Presupuesto. El PP ya ha impugnado en el Consejo de Garantías Estatutarias los Presupuestos de la Generalitat por figurar en ellos una partida de cinco millones de euros asignados a “procesos electorales” y en los que no figura la palabra referéndum. La partida podría ascender, sin embargo, a 15 millones de euros que servirían para poder sufragar la infraestructura. El Gobierno catalán no descarta utilizar como en el Quebec cajas de cartón en lugar de urnas de cristal por ser mucho más económicas: 2 euros frente a 40.

Voto telemático. La Generalitat se inclina por utilizar el voto telemático, es decir, que se pueda hacerlo por Internet para facilitar la participación también desde el extranjero. El plan es que la votación a través de la red se pueda hacer durante varios días. El sistema no está previsto en la Ley Electoral Española y Cataluña la aplica porque carece de norma propia. El voto telemático se usa en una veintena de países pero no todos están satisfechos: el Tribunal Constitucional Alemán consideró irregular el voto electrónico en 2005 en las elecciones del Bundestag al entender que todos los ciudadanos no comprendían el uso de esa tecnología en el momento de votar.

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