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Alaya señala otra vez a Chaves y Griñán

La juez concreta las imputaciones contra los expresidentes y cinco exconsejeros en el caso de los ERE. Sostiene que el procedimiento del pago era ilegal

Los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ampliar foto
Los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Del despacho de la juez Mercedes Alaya han salido hoy las tres noticias protagonistas de la actualidad andaluza: tras enviar a prisión de madrugada a tres de los cinco detenidos en la Operación Madeja acusados de sobornos, la Guardia Civil acordonó y registró la sede del sindicato UGT bajo su supervisión y difundió un auto en el que señala de nuevo a la anterior cúpula del Gobierno andaluz. Todo en 24 horas frenéticas.
La magistrada ha vuelto a señalar a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a cinco exconsejeros socialistas, por su supuesta participación en el fraude de los ERE. Hace una semana la Audiencia de Sevilla tumbó por falta de motivación el primer auto en el que Alaya comunicó a estos siete cargos aforados que tenía indicios de delito contra ellos, en una especie de “preimputación”, según definió la Audiencia. Alaya ha respondido a los jueces en un auto de 28 páginas para precisar en qué consisten sus sospechas, al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que como instructora no puede imputar a cargos aforados.
Alaya considera que la cúpula del Ejecutivo autónomo conoció y participó en la elaboración del sistema de ayudas sociolaborales que mantuvo la Junta entre 2000 y 2010 y que considera ilegal, un proceso que tilda de “inidóneo”. Alaya afirma que las transferencias de financiación, el instrumento presupuestario para pagar el fondo de los ERE, que ascendió a 700 millones en una década, no se podían utilizar para abonar las ayudas a extrabajadores y empresas. Esta figura permitía dar el dinero de las ayudas de forma ágil, pero sorteaba los controles de la Intervención de la Junta.
Alaya considera que el procedimiento instaurado fue fruto de una decisión política de la que eran conocedores los expresidentes Griñán, Chaves y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo, aforados en Cortes o en el Parlamento andaluz. Y la juez subraya que explica su tesis “a modo de descripción, sin efectuar el menor juicio de inferencia (...) De forma absolutamente descriptiva y aséptica”.
La magistrada se remonta al inicio del sistema por el que en 2000 el Ejecutivo autónomo sustituyó las subvenciones excepcionales por las ayudas sociolaborales. Y se apoya en el informe de los auditores de la Cámara de Cuentas que cuestionaba el “uso inadecuado” de las transferencias de financiación por contravenir la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía y la Ley General de Subvenciones. Además, Alaya recuerda asimismo las críticas de la Intervención General de la Junta que censuró sin vetar el fondo. Frente a sus tesis incriminatorias, la Junta ha defendido la legalidad del procedimiento, ya que, entre otras cuestiones, fue aprobado año tras año por el Parlamento al estar integrado en la Ley de Presupuestos.
La juez imputa al expresidente Manuel Chaves haber aprobado como presidente del Consejo de Gobierno, formado asimismo por el resto de consejeros, modificaciones presupuestarias por 93 millones solo entre 2000 y 2001 para aumentar el fondo de los ERE. El auto hace un recorrido por diferentes declaraciones de técnicos de la Consejería de Hacienda, de la Intervención General y de los exconsejeros Antonio Fernández y Magdalena Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, para sostener su genérica imputación.
La juez recuerda la declaración judicial de Fernández sobre el conocimiento del sistema de ayudas que tenían Chaves y el resto de los miembros del Consejo de Gobierno. “Un consejero nunca actúa en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta”, incidió Fernández.
Sobre el papel de Griñán durante su etapa como consejero de Hacienda, el ex interventor general Manuel Gómez puntualizó: “Es impensable que el Consejero no conociera que se había generado un déficit de 93 millones y posteriormente de 95 millones, provocado por uno solo, el director general de Trabajo [Javier Guerrero]; era absolutamente notorio, sobre todo para el responsable de los fondos de la Junta”.

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