La Generalitat reduce el control sobre las fundaciones y fomenta su autoregulación

El Gobierno catalán continua con las reformas legales para flexibilizar el sector de las fundaciones, relajar sus controles y promover la autoregulación. El Ejecutivo de Artur Mas aprobó ayer el proyecto de ley del Protectorado de Fundaciones que incorpora funciones inspectoras, medidas sancionadoras y órganos de control internos en el seno de las entidades y de responsabilidad de los patronos, entre otros aspectos.

El objetivo del proyecto de ley, aprobado en la reunión de hoy del gobierno catalán, es, según el Gobierno “respetar la autonomía de gestión y permitir una actuación ágil y eficiente del Protectorado y del órgano de supervisión”.

El nuevo texto prevé una serie de medidas de fomento de los controles internos en el seno de las entidades e instaura la potestad sancionadora para que actúe como mecanismo de disuasión de las conductas legalmente contrarias a las obligaciones administrativas y como medida de confianza para quienes contribuyen a su financiación. El poder sancionador estará limitado a un reducido número de supuestos.

El funcionamiento del Patronato de fundaciones de la Generalitat lleva años disgustando a Convergència i Unió. Parte de las irregularidades destapadas a raíz del caso Palau de la Música en la Fundación CatDem, vinculada a Convergència, fueron reveladas por los controles de este organismo de control que depende del departamento de Justicia.

Convergència i Unió también se ha quejado en numerosas ocasiones del excesivo intervencionismo de la normativa aprobada durante los años del tripartito sobre fundaciones. CiU y PP lograron el año pasado cambiar de arriba abajo la legislación del tripartito mediante la reforma del libro tercero del Código Civil catalán.

El argumento de la reforma que impulsaron entonces era facilitar la puesta en marcha de nuevas fundaciones. Para ello se redujo de 60.000 a 30.000 euros el capital mínimo para poner en marcha una fundación, y se hizo compatible, con independencia del tamaño de la fundación, el cargo de patrón con mantener una relación retribuida con la entidad y con el hecho de poder participar en la dirección de la misma.

La normativa también establecía que el patronato de la fundación podría utilizar una declaración responsable en lugar de un régimen de autorizaciones para ventas de patrimonio o gravamen de bienes y también para responder a conflictos de intereses.

El cambio legal también redujo al mínimo los supuestos que obligan a las entidades a pedir autorización a la Generalitat para embarcarse en operaciones de riesgo. Para vender patrimonio, por ejemplo, basta ahora con que los patronos se responsabilicen de que la operación se hace en beneficio de la fundación mediante la figura de la declaración responsable.

Con la aprobación de la ley del Protectorado de Fundaciones la Generalitat quiere imprimir la misma filosofía al organismo de control de las mismas.