Ortiz: “Hay que contentar al Ayuntamiento”

El juez incorpora las escuchas policiales y pide documentación a Orihuela

Los cambios introducidos en el proyecto para lograr que Ikea se instale en Rabassa coinciden también con regalos y prebendas recogidas en el sumario del caso Brugal y en la investigación de la policía. En la documentación incorporada por el juez a esta pieza figura un listado de personas a las que supuestamente Ortiz regaló tarjetas vips para poder aparcar gratis durante 24 horas en el aparcamiento de Alfonso El Sabio. En la lista figuran técnicos municipales y políticos, tanto del PP como del PSPV. El exedil de Urbanismo, José Ramón García Santos, en la época de Alperi, el actual concejal de Hacienda, Juan Seva, la técnica de Urbanismo, Isabel Campos, imputada en la pieza de Brugal del amaño del PGOU, o el ingeniero Florentino Regalado, y el exedil socialista, Luis Almarcha. En el listado también figura Miguel Peralta, exconsejero de Justicia y exalcalde de Alcoi, municipio en el Ortiz ejecutó varias obras como las del Teatro Calderón o el aparcamiento de La Rosaleda.

El sumario del caso Brugal recoge viajes y regalos que supuestamente Ortiz dio durante años a los dirigentes municipales. En una conversación interceptada por la policía con su esposa el empresario argumenta la cantidad de regalos navideños en que “a los del Ayuntamiento hay que tenerlos contentos porque hay un huevo de intereses”.

El caso Brugal, que investiga una trama político-empresarial en Alicante que supuestamente benefició durante años al promotor, se ha disgregado en 21 piezas diferentes. Una de ella es la que investiga el juzgado de instrucción número 6 de Alicante sobre la tramitación del Plan Rabassa, un macroproyecto urbanístico de Ortiz que contemplaba 12.500 viviendas y que incorporó un área comercial para albergar Ikea.

El Plan Rabassa ha sufrido en la vía administrativa varios reveses en los tribunales. El TSJ tumbó, en cuatro sentencias diferentes este proyecto. El recurso que presentó Esquerra Unida en septiembre de 2009 sigue sin resolverse, y el Ayuntamiento de Alicante ha solicitado a la sala que no dicte sentencia hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación presentados por el promotor contra las sentencias que anularon el plan.

Pero la vía penal de Rabassa sigue abierta, y encara su recta final. El juez Juan Carlos Cerón, acaba de incorporar al sumario todas las escuchas telefónicas y vídeos realizados por los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, que durante meses tuvieron pinchado el teléfono de Ortiz, y pide al juzgado de Orihuela la “urgente remisión” de toda una serie de expedientes incorporados al sumario del caso Brugal.

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