Así se ‘cocinó’ Ikea en Alicante

Hacer negocio en el barrio alicantino de Rabassa ha sido una prioridad para el empresario Enrique Ortiz, que a través de una sociedad acumula más de la mitad del terreno. Y en ese objetivo el promotor contó con el aliento y la colaboración de la alcaldesa, Sonia Castedo. Primero fueron 12.500 viviendas, que los tribunales anularon, y luego un área comercial cuyo principal atractivo es Ikea.

Ortiz y Castedo están imputados en el caso Brugal que investiga una presunta trama de corrupción política en Alicante. El análisis detallado de los documentos aportados al juez por Esquerra Unida, si cotejamos las fechas en las que el Ayuntamiento introdujo modificaciones, desvela cómo actuaba Ortiz. El empresario proponía, y la alcaldesa ejecutaba. En medio de todas estas gestiones el exalcalde, Luis Díaz Alperi, dimitió y hubo viajes de placer y de negocios. Es la crónica de cómo se cocinó la llegada de Ikea a Rabassa.

Esquerra Unida ha aportado al juzgado de instrucción número 6 de Alicante, que instruye esta causa, un primer contrato de compraventa entre Ikea y Ortiz (febrero 2007) que hace referencia a una parcela ubicada en el PAU 1 (en la zona de Maristas-Salesianos) con un precio de 35 millones de euros.

El promotor pidió a la familia Cotino un avión privado para Castedo y Alperi

Pero un segundo contrato (junio 2008 cambia la ubicación a Rabassa, con un precio por la venta del terreno de 67 millones de euros. En esas fechas empresario, según el informe policial en el que basa EU su denuncia inicial, se sumerge en un “frenesí de contactos” para hacer valer su influencia y conseguir el informe favorable del Ministerio de Fomento, referente a los accesos. En octubre de 2008 el promotor empieza a ponerse nervioso al ver que la tramitación del Plan Rabassa no avanza porque el Gobierno, entonces presidido por los socialistas, presentó un recurso.

Ortiz llama a Alperi y éste lo calma: “Ya he hablado con Sonia [Castedo] y le he dicho que espabile”. La todavía concejal de Urbanismo, en agosto de 2008, tranquilizó al promotor al asegurar que no era necesario incluir Ikea en el PGOU, ya que “sería más rápido” una vez aprobado el Plan Rabassa modificarlo para incluirlo. La edil emplaza a Ortiz a que prepare la modificación para en ese momento: “Pum, tramitarla rápidamente”.

Uno de los informes de la policía (septiembre de 2008), según el escrito de EU, pone de relieve la “absoluta subordinación de Sonia Castedo a los intereses de Ortiz en relación con las modificaciones a las que Ikea condiciona su instalación en Rabassa”. Las llamadas y negociaciones son constantes. En esos días Alperi dimite de alcalde sin explicar claramente los motivos y cede la vara de mando a Castedo, elegida alcaldesa el 17 de septiembre de 2008.

En octubre se aprobó la exposición pública del PGOU, en el que figura en Rabassa un centro cívico. La operación atraviesa unos momentos delicados al atascarse la tramitación del Plan Rabassa y la multinacional sueca pedir una rebaja del precio del suelo, según consta en la denuncia. Alperi y Castedo por esas fechas viajaron de urgencia a Oporto (Portugal) para reunirse con los responsables de Ikea, según informan al empresario. La policía descubre que Ortiz gestionó supuestamente para su regreso desde Galicia un avión privado a través de Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de las Cortes Valencianas, y entonces consejero de la Generalitat.

La investigación, según EU, muestra la “absoluta subordinación de Castedo a los intereses de Ortiz"

El 5 de diciembre el pleno del Ayuntamiento aprobó el texto refundido con la homologación y el plan parcial de Rabassa, aunque todavía no figura el área comercial para Ikea. El plan deberá superar los exámenes de la consejería, y requiere la firma del entonces consejero, José Ramón García Antón, antes de ser aprobada por el pleno del Ayuntamiento. Y esas Navidades, según la investigación policial, Castedo y Ortiz viajan con sus respectivas familias y amigos a Andorra.

El 14 de abril de 2009, Sonia Castedo, firma una carta dirigida a los responsables de Ikea en España manifestando el interés del Ayuntamiento en que la tienda de la multinacional sueca se instale en Alicante, asegura “ser consciente” de sus demandas urbanísticas y se compromete a firmar un convenio que “plasme” todas estas necesidades. En mayo de 2009 la Generalitat aprueba definitivamente el Plan Rabassa, pero la delegación del Gobierno recurre esa decisión alegando falta de agua.

Las negociaciones entre las partes interesadas prosiguen y el 3 de julio de ese año se firma un nuevo convenio entre los promotores e Ikea por 97 millones de euros, y unos días más tarde los promotores modifican el Plan Rabassa para dar cabida a un área comercial, se prepara un convenio entre Ikea, el Ayuntamiento y Ortiz, y el pleno del Ayuntamiento de ese mes aprueba que la multinacional sueca solo se podrá instalar en esos terrenos.

Pero las malas noticias llegarían en diciembre de 2009 cuando el TSJ suspende cautelarmente el Plan Rabassa, atendiendo el recurso del Gobierno. Pese al revés en los tribunales la alcaldesa, Sonia Castedo, por tierra mar y aire pretende rescatar la zona comercial y garantizar que Ikea se instale en Rabassa, y el 29 de enero de 2010 el Ayuntamiento somete a exposición pública la modificación del PGOU para autorizar la instalación de una tienda de la cadena sueca y un convenio entre Ikea y Viviendas Sociales del Mediterráneo. Los dos puntos cuentan con el apoyo de los 15 votos del PP y 14 en contra de la oposición.