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La ‘burbuja Eurovegas’

El proyecto se gestó por el empeño de Aguirre y auspiciado por el PSOE. Adelson impuso y logró ventajas fiscales y cambios legales a nivel regional y estatal. Pero, finalmente, rompió la baraja

Protesta de Eurovegas No, frente a la sede de la Comunidad, en septiembre de 2012 Ampliar foto
Protesta de Eurovegas No, frente a la sede de la Comunidad, en septiembre de 2012

Sheldon Adelson tiene 80 años y 20.700 millones de euros. Es la 15ª persona más rica del mundo gracias a su inversión en casinos en EE UU y el sureste asiático, donde ese negocio ha sido vinculado por las autoridades con el crimen organizado. Ha respaldado política y financieramente a los conservadores en EE UU e Israel.

El magnate estadounidense desveló en febrero de 2011 que planeaba invertir 14.800 millones de euros para crear “una mini Las Vegas en Europa”. “Necesitamos el apoyo del Gobierno”, dijo.

Un mes antes, se había reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), que afirmó llevar seis años impulsando el proyecto.

En otoño de 2011, los directivos de Las Vegas Sands, la empresa de Adelson, negociaron sus condiciones en una decena de reuniones con el Gobierno, entonces socialista; la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid (PP). El máximo garante a nivel estatal era el ministro de Industria, Miguel Sebastián; cuando el PP accedió a La Moncloa, en noviembre, tomó el relevo como negociador el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, que coordinó la labor de seis ministerios.

Adelson pidió cambios en el Estatuto de Trabajadores y la Ley de Extranjería; exenciones en las cuotas de la Seguridad Social; un préstamo millonario de la UE avalado por España; estaciones de metro y cercanías y mejores carreteras; el traslado del vertedero de Valdemingómez; la cesión gratuita del suelo público en la zona; que se permitiera entrar a menores y ludópatas y poder fumar en los casinos; cambios en la ley de prevención de blanqueo de capitales; 10 años de vacaciones fiscales y bonificaciones en impuestos estatales, regionales y municipales.

A cambio, prometió invertir hasta 18.800 millones entre 2012 y 2022, y crear 164.000 empleos directos y otros 97.000 indirectos (la mitad del paro de Madrid) con la construcción progresiva de 12 hoteles (36.000 habitaciones), seis casinos (1.065 mesas y 18.000 máquinas recreativas), nueve teatros, tres campos de golf, un auditorio de 15.000 butacas, etcétera.

El Ayuntamiento de Madrid (gobernado hasta 2012 por Alberto Ruiz-Gallardón, y luego por Ana Botella) no plantó cara en público al proyecto, pero se encargó de que no se hiciera en la capital. “No es el modelo que yo habría soñado para Madrid”, dijo la concejal de Urbanismo, Paz González. La oposición local (PSM, IU y UPyD) se opuso frontalmente.

Aguirre apostó entonces por Alcorcón, a 13 kilómetros de Madrid y gobernada por David Pérez (PP), de su máxima confianza. Su principal contendiente era Cataluña, donde el Gobierno de Artur Mas (CiU) se dejó la piel por ubicar Eurovegas en un terreno entre El Prat, Sant Boi, Cornellà y Viladecans. Adelson utilizó la rivalidad entre ambas autonomías para arañar concesiones políticas.

Mas y Aguirre agasajaron a Adelson, e incluso movilizaron al empresariado local para convencerlo. Él se dejó querer: “Examinaremos qué paquete es el mejor y decidiremos”. El Gobierno optó por la neutralidad, y se mostró “receptivo” y “flexible”. Una plataforma ciudadana, Eurovegas No, respaldada por el 15-M y Ecologistas en Acción, convocó movilizaciones en Madrid sin mucho apoyo popular. La mayor oposición llegó del líder socialista en Madrid, Tomás Gómez, y de IU.

Madrid logró ventaja por el empeño de Aguirre (que abogó por crear una “isla” legal y “cambiar todas las normas” que hiciera falta), y la limitación de altura en los rascacielos que imponía la cercanía del aeropuerto de El Prat a los terrenos de Barcelona.

La reforma laboral había satisfecho a Adelson y sus exigencias fiscales tampoco eran problema: a nivel estatal, planeaba tributar como Apple o Google, que apenas pagan impuestos pese a ganar millones; a nivel regional, Madrid bajó los tributos del juego del 45% al 10%; a nivel local, el Gobierno permitió a los ayuntamientos bonificar casi al 100% sus impuestos.

En septiembre de 2012, Adelson eligió Madrid, pero aún tardaría unos meses en desvelar que su ubicación era Alcorcón, para así negociar a la baja el precio de los terrenos, que la Comunidad se ofreció a expropiar. El Gobierno catalán impulsó un proyecto alternativo, BCN World, que negocia aún sus propias concesiones fiscales. Aguirre cedió entonces la presidencia regional a Ignacio González. Siguieron las negociaciones. Y las concesiones administrativas. Se estudiaba reformar la ley del tabaco, el último escollo. González metía prisa al Gobierno.

Adelson dijo contar con financiación: 4.000 millones, más los 2.000 que él pondría para lanzar el proyecto a principios de 2014. Sin embargo, hace dos semanas, el empresario exigió un blindaje legal de todo lo conseguido. Quería que el Gobierno y la UE se comprometieran a mantenerlo. Que ningún cambio político emanado de las urnas pudiera ponerlo en peligro. Y obtener compensaciones económicas en caso de que así fuera. El Gobierno se negó. Y así murió Eurovegas.