La juez cree que el Ayuntamiento de Cádiz avaló la trama de Quality Food

La juez Rosa María García Jover, titular del Juzgado de Instrucción número tres de Cádiz, intensifica su investigación sobre el papel que el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el PP, tuvo en la presunta trama creada para desviar dinero público desde la Zona Franca a la empresa Quality Food. En un auto imputa al actual concejal Ignacio Romaní por malversación y llama a declarar a Fernando Sicre y Enrique García Agulló, dos exediles que tuvieron cargos de consejeros en el Consorcio fiscal. Además, este viernes ha declarado como testigo Jorge Moreno, mano derecha de la alcaldesa Teófila Martínez, para aclarar cuál fue su papel como representante del Consistorio en las negociaciones con la empresa.

El auto es la respuesta a la decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz de anular un auto anterior en el que la juez llamaba a declarar como imputado a Romaní pero sin aclarar los motivos ni el delito del que le acusaba. En este nuevo documento, la titular del juzgado se extiende en 12 páginas en explicar siete años de instrucción y los motivos que le han hecho ampliar recientemente las diligencias. Fue el exdelegado de la Zona Franca Miguel Osuna quien anunció una querella contra el propietario de la empresa Quality Food, Manuel García Gallardo, por haber supuestamente estafado al organismo que él dirigía. Pero la juez cree que, más que engañado, fue colaborador y participante de la estafa. Y, además, en este nuevo auto, señala que no actuó solo.

“De los hechos probados resulta que Osuna, con el asesoramiento de José Manuel Fedriani – actual director de la Zona Franca y entonces su jefe de gabinete –, Ignacio Romaní y otras personas por determinar, de acuerdo con Manuel García Gallardo, procedieron a desarrollar una conducta compleja, orientada a desviar del presupuesto dinero público”. Añade que Osuna “valiéndose de su prestigio con el auxilio de Fedriani y el beneplácito del Ayuntamiento de Cádiz – gobernado por Teófila Martínez – obtenía de los caudales unas cantidades que financiaban la actividad empresarial de García Gallardo y del que se extraían para incorporarse a sus patrimonios individuales”.

La juez incide en que Romaní, Fedriani y “otros” ignoraron, transigieron o se aprovecharon de estas actuaciones

La juez incide en que Romaní, Fedriani y “otros” ignoraron, transigieron o, en algunos casos, se aprovecharon de estas actuaciones. “Quienes nada hicieron por evitar o revertir esta situación puede tener sus propias responsabilidades”. El auto admite dilaciones en la instrucción pero cree que están justificadas en la aparición de nuevas pruebas y en los obstáculos puestos por los propios acusados. Romaní fue imputado, tras haber declarado como testigo, por las “contradicciones” en las que entró. Tendrá que declarar el 19 de diciembre, junto a dos excompañeros de corporación, Fernando Sicre y Enrique García Agulló, ambos como testigos.

Lo hizo este viernes Jorge Moreno, mano derecha de Teófila Martínez, quien se presentó ante la juez como “asesor político” del Ayuntamiento. Moreno negó la mayor. Dijo que no conocía ni a Miguel Osuna, ni a García Gallardo y que ni siquiera había estado en Zona Franca, declaraciones que chocan con otros testimonios que le sitúan como hombre clave en las negociaciones. La juez le tuvo que recordar que, como testigo, está obligado a decir la verdad. Los últimos testigos en declarar como Romaní y Fedriani han terminado imputados.

Tanto Romaní como Fedriani siguen en sus cargos públicos, a pesar de su imputación por malversación. La alcaldesa mostró a Romaní todo su apoyo. “Creo en su correcta actuación en un órgano colegiado de la Zona Franca que contaba con la presencia de la asesoría de la Abogacía del Estado”.