Insumisos a la confidencialidad

La ciudadanía valenciana está descubriendo estupefacta las tramas de corrupción que proliferaron en los últimos años al calor de la contratación pública, especialmente en la principal apuesta electoralista del Partido Popular: las grandes obras (Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Terra Mítica, Ciudad de la Luz, Aeropuerto de Castellón) y los grandes eventos (visita del Papa, Copa América, Fórmula 1). Aunque la sociedad en su conjunto salió perdiendo con la política de escaparate de Zaplana y Camps, determinados grupos empresariales “amigos” del PP sí salieron extremadamente beneficiados al hacer fáciles, rápidos y suculentos negocios con dinero público, todos ellos en condiciones de opacidad. Ya no es sólo que se adjudicaran contratos a dedo saltándose la obligación legal de convocar concurso público, sino que dichos contratos permanecían después escondidos bajo siete llaves sin que ni siquiera los grupos de la oposición de las Cortes Valencianas pudieran acceder a ellos. En esa estrategia deliberada y consciente de ocultación ha venido jugando un destacado papel la excusa –en ocasiones, la mentira- de las claúsulas de confidencialidad.

Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la relación contractual de Santiago Calatrava con la Ciudad de las Artes y de las Ciencias S.A. (CACSA). En las hemerotecas y en el Diario de Sesiones quedan para la historia las reiteradas negativas del Consell a facilitar la información y documentación que solicitaban los diputados con la excusa de que era confidencial. Sin embargo, cuando en abril de 2012 conseguí acceder a todos los contratos de Calatrava con CACSA, pude comprobar que no existe ninguna cláusula de confidencialidad que impida mostrarlos. Por fin, veinte años después de la firma del primer contrato, la sociedad valenciana pudo conocer cuánto dinero público (aproximadamente 100 millones de euros) y en qué condiciones (beneficiándose de los sobrecostes y sin tributar en España) se llevó el arquitecto estrella del PP. El éxito de la web www.calatravatelaclava.com, con más de un millón de visitas y noticia hasta en The New York Times, ratifica el interés por conocer este caso emblemático de despilfarro.

Recientemente he podido acceder a otros contratos que sí tienen cláusulas de confidencialidad. Ante la voluntad de las partes contratantes de mantener en secreto su acuerdo, surgen dos preguntas. ¿Es legal limitar el acceso de la ciudadanía a un contrato público? Y en todo caso, ¿es ético que un gobierno oculte a la sociedad cómo gasta unos recursos económicos que son escasos? La primera respuesta admite cierta controversia pero sobre la segunda no pueden existir dudas en una sociedad democrática, que debe incluir la capacidad de los gobernados de fiscalizar a sus gobernantes.

En coherencia con este enfoque, desde Esquerra Unida hemos puesto en marcha la página web www.eldesconfidencial.com, donde pueden ser libremente consultados y descargados los contratos públicos que el Consell quiere ocultar. Por ejemplo, el del patrocinio del Open de Tenis (18 millones de euros), los de compra de derechos de emisión del Valencia CF, Villarreal CF y Levante UD (más de 350 millones), o el firmado entre la empresa del magnate Bernie Ecclestone y VALMOR para la celebración en Valencia del Gran Premio de Fórmula 1 (más de 100 millones sólo por el cánon). Tras revelar este último contrato hemos recibido descalificaciones y amenazas directas del vicepresidente Císcar, pero no vamos a amilanarnos por ello. Legalmente entendemos que, por encima de las cláusulas contractuales, prevalece la ley, que reconoce la facultad de los diputados de recabar la documentación en poder de la administración “para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias”, y sin duda una de ellas es dar a conocer a la sociedad cómo se gasta el dinero público. Políticamente, consideramos que la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción, que se reproduce con mucha mayor facilidad en condiciones de opacidad. Por eso en Esquerra Unida nos declaramos insumisos a la confidencialidad en los contratos públicos.