Detenida una empresaria que explotaba a 44 trabajadores en dos talleres ilegales

Una empresaria de 58 años y nacionalidad española, María L. R., ha sido detenida acusada de explotar a 44 inmigrantes de nacionalidad marroquí y rumana a los que obligaba a trabajar en condiciones lamentables, según ha informado esta mañana la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La arrestada había habilitado incluso la parte superior de los talleres como hostal para alquilar las habitaciones a los empleados. No había dado de alta en la Seguridad Social ni contratado a la mitad de la plantilla.

Las investigaciones, desarrolladas de manera conjunta con la Policía Local de Brunete, comenzaron hace dos meses aproximadamente cuando llegaron informaciones a la policía de que había dos talleres textiles en esta localidad del sur de la región. Los dos se hallaban en sendos garajes, que carecían de las correspondientes licencias. Además, en ellos estaban siendo explotados ciudadanos extranjeros. 

Los policías vigilaron la zona, en el número 25 del paseo de Boadilla y en el número 5 de la calle del Barrio bajo. Comprobaron que a los talleres acudían numerosas personas marroquíes y rumanas, que entraban en los garajes por una puerta investigadores comprobaron la entrada y salida de los talleres de numerosas personas de origen marroquí y rumano, que accedían a los garajes por una puerta. Paralelamente se determinó que también lo hacían ciudadanos chinos. Estos no salían prácticamente a la calle ya que la parte superior de uno de los talleres lo habían habilitado como hostal. Este pertenecía también a la persona arrestada, que carece de antecedentes policiales.

Tras comunicar los hechos a la Inspección de Trabajo de Madrid, se procedió a la entrada y registro de sendos talleres. En su interior había 44 personas trabajando en pésimas condiciones laborales, junto con máquinas de coser, centros de planchado y cantidades ingentes de telas preparadas y cortadas para su confección de conocidas marcas comerciales.

De los 44 trabajadores, sólo 17 estaban contratados y dados de alta en la Seguridad Social. Como quiera que el resto no estaban dados de alta ni tenían contrato de trabajo, lo que suponía más de la mitad de la plantilla de la empresa, se ha imputado a la propietaria el nuevo tipo agravado por el Código Penal, tipificado como delito contra los derechos de los trabajadores y que puede llegar a acarrear multas de hasta 150.000 euros.