La Diputación coruñesa crea nuevos altos cargos y aumenta salarios

Onerosa, controvertida e incluso ilegal en algunos puntos resulta la amplia reestructuración orgánica de la Diputación de A Coruña que culmina estos días en solitario el gobierno provincial, del PP, bajo la presidencia de Diego Calvo. Se ampara en la futura y también polémica ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, actualmente en fase final de aprobación en el Senado, para llevar adelante esta reforma y adaptarse por adelantado a una norma que prevé incrementar las competencias y funciones de los organismos provinciales.

El PP ha impuesto, gracias a su mayoría absoluta, fuertes subidas salariales, la creación de una decena de jefaturas cubiertas en su mayoría con funcionarios procedentes de la Xunta, y una reorganización de la plantilla que hace trizas las tan reiteradas promesas de adelgazar la Administración y evitar duplicidades que constituían el caballo de batalla electoral del PP cuando llegó en 2011 al gobierno de la Diputación coruñesa. La reestructuración, aprobada en solitario por el PP en sucesivos plenos de los últimos meses, con incrementos de sueldos para unos 25 altos cargos —una decena de nueva creación—, contraviene “de una forma clara” la legalidad vigente, como “la congelación salarial establecida por el Gobierno de la Nación para todo el personal al servicio del sector público” así como la prohibición de ampliar plantilla, advierte el interventor general de la Diputación en su último informe. Tiene fecha del 18 de noviembre pero reitera advertencias ya manifestadas en mayo, cuando el Gobierno de Diego Calvo inició esta gran reforma creando, con la oposición frontal de PSOE y BNG, cuatro direcciones de área.

Son puestos de libre designación con sueldos de unos 60.000 euros anuales, al asignarles un complemento específico y un nivel, inicialmente 29 y luego elevado, en noviembre, al máximo de 30, sin que exista “motivación o razón” como exige la ley, advirtió varias veces Intervención. “Ni tan siquiera se singulariza la razón por la cual a un determinado puesto se le atribuye un nivel y a otros de igual contenido no se les da”. Tampoco está justificado, alerta el órgano fiscalizador de la Diputación, que esos cuatro altos cargos, sin variar sus tareas o responsabilidades, hayan visto en apenas dos meses aumentar sus nóminas con un complemento de destino de 5.624 euros cada uno. Dos de esos puestos recayeron en funcionarios procedentes de la Xunta, como el exjefe territorial de Traballo Luis Alfredo Álvarez Freijido o José Antonio Serantes.

Pero la arbitrariedad y esos cuatro puestos de dirección de nuevo cuño no son las única pegas del último informe de Intervención. Resulta demoledor: los fuertes aumentos salariales a unos 25 altos cargos incumplen el artículo 22 de los Presupuestos del Estado para este año y el próximo que prohíbe cualquier subida en las nóminas del personal del sector público. Y, continúa el interventor, la creación de cuatro jefaturas en el área de Tesorería y Gestión de Tributos, sin que se amorticen o transformen puestos ya existentes, supone una ampliación de plantilla que también prohíben las leyes de Presupuestos, “de obligada aplicación, como es conocido, a todas las Administraciones públicas”.

Es cierto, destaca Intervención, que con esta reforma orgánica no se incrementarán en 2014 el conjunto de los gastos de personal del organismo. Pero tampoco o apenas los adelgaza. Tan solo se ahorrarán 138.282 euros, un 0,20%. Siguen representando casi el 25% de los presupuestos de la Diputación para 2014. Los 236.964 euros más que, según calculó Intervención, suponen el aumento de nóminas y los nuevos puestos se compensan con la supresión de 17 plazas que estaban vacantes —un dinero presupuestado pero que en realidad no se gastaba— y la reducción de complementos a seis empleados.

No obstante, aún sin aumentar los gastos de personal, sí que contraviene normass legales. Y también infringe, segú Intervención, “los principios de racionalidad y eficiencia en la asignación del gasto público”. “Los incrementos retributivos de numerosos puestos de trabajo de la Diputación excepcionan de forma clara la congelación salarial”, sin que “por el momento se hayan modificado competencias o funciones”. Y además la reorganización “no garantiza una mejor prestación” de las tareas que realiza “sin una grave deficiencia” esta Diputación.

PSOE y BNG habían cuestionado, en un pleno el 31 de mayo, la legalidad de la reforma. “No tengan dudas sobre su encaje legal”, les replicó Diego Calvo, “la ley establece claramente que no puede haber incremento en la masa salarial, ni en efectivos, y ninguna de las dos cosas se produce”. Intervención ya alertaba entonces de lo contrario.