Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

CiU y ERC acuerdan un plan de mínimos contra la pobreza energética

Los cortes de luz afectarán a quienes ingresen un poco más que la renta mínima

El acuerdo solo evitará los cortes eléctricos entre noviembre y marzo

Los beneficiarios deberán acreditar que tienen una tarifa social y que no pueden reducir el gasto. Ampliar foto
Los beneficiarios deberán acreditar que tienen una tarifa social y que no pueden reducir el gasto.

CiU y ERC pactaron el martes una fórmula para impedir el corte del suministro eléctrico a familias que no tengan recursos para poder pagar el recibo de la electricidad, como reclamaba recientemente el Síndic de Greuges. Es un acuerdo que permitirá introducir por primera vez el concepto de “pobreza energética” en el Código de Consumo, pero que nace con unas condiciones de mínimos, tal y como valoró ayer Cáritas. Solo se podrán beneficiar hogares “con pensionistas por jubilación, incapacidad permanente o viudedad con ingresos no superiores a la pensión mínima” o trabajadores que “estén en el paro y no perciban unos ingresos superiores a la renta mínima de inserción”, según recoge la enmienda introducida a la Ley de Acompañamiento de Presupuestos de 2014.

En todo caso, el total de ingresos de los miembros de la unidad familiar “en ningún caso podrá sobrepasar el indicador de renta de suficiencia”, fijado en 7.967 euros anuales, 569 euros al mes, y eso contando incluso los ingresos derivados de percepciones o ayudas de carácter anual, informa Efe.

Además de la estricta limitación de la población beneficiada por la medida —denominadas “personas en situación de vulnerabilidad económica” en la enmienda—, el veto a los cortes de electricidad se limitará al periodo comprendido entre los meses de noviembre y marzo y no supondrá que los titulares de los contratos se libren del pago de las facturas, sino que verán aplazado el pago del recibo, con la posibilidad de pagarlo entre abril y octubre. La fórmula de pago la tendrán que pactar el cliente y la compañía, con la posible intermediación de la Agencia Catalana del Consumo.

Los beneficiarios de la medida tendrán que pagar posteriormente la factura

“Nos parece bien que se haya debatido el tema, pero nos parece un acuerdo de mínimos e insuficiente”, señaló ayer Teresa Bermúdez, responsable del Programa Sin Hogar y Vivienda de Cáritas, quien subrayó que “la gente no es que no quiera pagar la luz, es que no puede pagar” y denunció que con el acuerdo cerrado en el Parlament no se va a “la raíz del problema”.

El diputado de ERC Pere Bosch, que ha negociado la enmienda, señaló que “es complicado saber donde pones el listón y no descartamos modificarlo más adelante”. En su opinión, lo importante del acuerdo es que se introduce en una norma legal el término de pobreza energética, tal y como estableció una moción parlamentaria de abril pasado. “Es la primera vez y se tiene que valorar”, remarcó.

Con lo acordado ayer, la Generalitat no podrá cumplir completamente lo afirmado la semana pasada por el director de gestión energética del Instituto Catalán de Energía (Icaen), Juanjo Escobar, cuando este afirmó que “se garantizará el suministro energético a las familias que estén en situación de pobreza energética”. Eso sí, consigue avanzarse a la modificación del Código de Consumo que se está efectuando en el Parlamento, lo que permitirá ejecutarla a primeros de año, si bien Bermúdez recordó que entre que llega la primera factura impagada y la compañía suministradora procede al corte de la luz pueden pasar más de dos meses.

Según establece la enmienda publicada ayer por el Boletín del Parlamento, “antes de interrumpir el suministro de electricidad, las empresas prestadoras de estos servicios tendrán que disponer, obligatoriamente, de un informe previo se los servicios sociales básicos sobre la situación de la persona o unidad familiar”, un documento que la Administración deberá emitir en un plazo máximo de dos meses. Asimismo, para acogerse a esa tregua invernal, el titular del contrato de electricidad tendrá que acreditar que tiene contratada una tarificación social y que declaren que “no hay posibilidad” de reducir más el gasto eléctrico.