El 57,03% de las entidades locales incumple su obligación de rendir cuentas

El 57,03% de las entidades locales incumple su obligación de rendir cuentas ante la institución andaluza responsable de su fiscalización. Este porcentaje supone que, de los 1.138 ayuntamientos, diputaciones, entidades locales autónomas, mancomunidades y consorcios con obligación de presentar los números, sólo 489 han cumplido con esta obligación ante la Cámara de Cuentas.

El censo de las entidades del sector público local andaluz en 2011, año del último informe de la Cámara de Cuentas, lo constituían 1.978 entes, de los que el 38,98% eran ayuntamientos y el 42,47%, entidades instrumentales como sociedades mercantiles, organismos autónomos o fundaciones públicas locales.

Para evitar el desconocimiento de la “auténtica realidad” del sector, el órgano fiscalizador recomienda al Parlamento que promueva medidas legislativas sobre la contabilidad en las entidades.

También insta la Cámara al cumplimiento de los plazos solo el 40,70% de las entidades que sí presentaron los números lo hicieron antes del 1 de octubre de 2012, fecha límite para hacerlo. El porcentaje aumentó en 12 puntos al 31 de marzo, cuando se debe presentar el estado de la liquidación del presupuesto.

Entren las instituciones más cumplidoras en la rendición de cuentas destacan las diputaciones, un 100%, seguidas, a distancia, por los ayuntamientos, 46,56%, mientras que el más bajo es el de las entidades locales autónomas, el 26,53%.

Ya en el informe de 2010 se puso de manifiesto que Andalucía es la Comunidad Autónoma con los menores niveles de rendición de toda España.

Sobre las cuentas presentadas, la Cámara ha registrado 1.250 errores en 294 Cuentas Generales de las 489 rendidas. Ello supone que al 60,12% de las Cuentas Generales de 2011 se les ha detectado alguna incidencia de validación.

También advierte la Cámara el último informe sobre el entramado local en Andalucía que ha identificado 40 entidades dependientes de organismos municipales que en 2011 “se encontraban sin actividad”, por lo que ha instado a que comiencen con la tramitación o, en su caso, proceda a la finalización de los procesos para su liquidación o disolución.