La Policía sí tenía competencias

Algunos abogados de las familias de las cinco jóvenes muertas en el Madrid Arena el 1 de noviembre de 2012 se frotan las manos al ver un oficio remitido por la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana el pasado agosto. Este escrito firmado por uno de los máximos responsables de esta brigada reconoce que la Policía Nacional sí tenía competencias en la seguridad del pabellón de la Casa Campo. El documento recuerda que la principal competencia recaía sobre la Policía Municipal, ya que ellos se dedicaban a la seguridad exterior.

El oficio, que tiene fecha de 8 de agosto y al que ha tenido acceso EL PAÍS, responde a una diligencia tramitada por el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, en el que le pedía explicaciones sobre la orden de servicio 3463/2012, referente a la seguridad con motivo de la fiesta de Halloween celebrada el 1 de noviembre.

El primer párrafo del oficio, escrito de manera farragosa y de difícil comprensión, se refiere precisamente a las obligaciones que tenía la Policía Nacional en esa macrofiesta a la que estaba previsto que asistieran 9.600 personas. El escrito mantiene que los agentes estaban obligados por diversas normativas. Entre ellas destacan la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid y la Ley de Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Corcuera. En concreto se hace referencia al artículo 8 de esta norma, que recoge que todos los espectáculos y actividades recreativas de carácter público quedarán sujetos a las medidas de policía administrativa —en este caso la Policía Nacional—, para “fijar las condiciones a las que habrán de ajustarse la organización, venta de localidades y horarios de comienzo y terminación de los espectáculos o actividades recreativas”.

Otra norma que se cita en el oficio es el artículo 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado. Este recoge diversos puntos, entre los que destacan “vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran” y “prevenir la comisión de actos delictivos”. Por último, también se habla del artículo 104.1 de la Constitución: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

Fuentes policiales han explicado que su función no era proteger ni vigilar el interior del pabellón municipal. Su competencia estaba en el perímetro exterior, sobre todo, en el trayecto que iba desde el metro hasta el recinto. “Se preveía una gran afluencia de público y el deber de la Policía es el control de la gente que fuera para prevenir sobre todo el delito. De ahí, a pensar que teníamos que vigilar el interior es muy distinto”, mantienen las citadas fuentes. Estas recuerdan que estaba desplegada la unidad de intervención policial (UIP, más conocidos como antidisturbios) y que fueron los que estuvieron presentes para el desalojo del Madrid Arena al terminar la fiesta de Halloween. “Nuestro trabajo consiste en colaborar con la seguridad interior y con la Policía Municipal si se nos requiere”, añadieron.

No opinan lo mismo los abogados de las familias de las cinco víctimas. Acusan a la Policía Nacional de haber hecho una dejación de funciones al no haber comprobado que el organizador de la fiesta Thriller Music Party y máximo responsable de la empresa Diviertt, Miguel Ángel Flores, cumplía todas las condiciones de seguridad y la normativa vigente, en especial en el plan de autoprotección.

El escrito de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana también hace referencia a la documentación recogida con motivo de la fiesta. La misma estaba compuesta por el plan de vigilancia Thriller Music Park 2012, el proyecto de instalación eléctrica provisional, el certificado de instalaciones de baja tensión, el certificado de instalación de estructuras provisionales, el informe-certificado de materiales ignífugos y el informe de los servicios asistencias sanitarios.

En todo momento se habla de recogida por parte de los funcionarios de la brigada, que estaban en el recinto poco antes de la medianoche, cuando se abrieron las puertas al público. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto municipal revelaron que estos policías cruzaron todo el recinto hasta las oficinas de dirección para recoger parte de la documentación, que estaba incompleta. Este aspecto siempre ha sido criticado por los abogados de las acusaciones particulares, que han reprochado que los agentes no se fijaran en la forma en que estaban colocadas las barras o si había vigilantes de seguridad o incluso si las plantas estaban compartimentadas para evitar que se produjeran avalanchas, como así ocurrió.

El oficio concluye que la labor de los policías era meramente administrativa. Su única finalidad era hacerla llegar a la Sección de Gestión Administrativa de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y remitirla a la Delegación del Gobierno en Madrid y, desde allí, “al órgano competente de esta Comunidad Autónoma”.

“Durante todo este tiempo y ya llevamos casi un año de instrucción han estado echando balones fuera y diciendo que no tenían nada que hacer allí. De hecho, no ha quedado demostrado ni que hubiera agentes en el exterior como marcaba la orden 3463/2012. ¿A quién pretenden engañar ahora?”, se preguntaba una acusación particular.

Los abogados también se refieren a un informe enviado por la Brigada Provincial el pasado 29 de mayo en el que se decía que “la seguridad en este tipo de actos (actividades recreativas/eventos) no es competencia del Cuerpo Nacional de Policía”.