Ikea, sí. El plan Rabassa, ya se verá
La Actuación Territorial Estratégica que generará 9.000 empleos e ingresos de tres millones
Los tribunales y el frenazo del sector de la construcción se han llevado por delante el Plan Rabassa, un macroproyecto urbanístico para construir unos 4 millones de metros cuadrados más de 12.500 viviendas y una zona comercial. Cuatro sentencias diferentes anularon este plan parcial que promovía el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, y cuya tramitación sigue investigando un juez de Alicante por supuestas irregularidades.
El Ayuntamiento de Alicante, que preside Sonia Castedo, del PP, también imputada en el caso Brugal, ha querido rescatar la zona comercial y amarrar la instalación de Ikea en estos mismos terrenos.
La sociedad Alicante Avanza, de la forman parte Enrique Ortiz, Bankia, La Caixa y el grupo inmobiliaria Espacio, (que son los mismos socios que pretendían ejecutar el Plan Rabassa), han solicitado a la Generalitat que apruebe una Actuación Territorial Estratégica (ATE) para acortar los plazos y poder urbanizar unos dos millones de metros cuadrados. La sociedad es propietaria de más de la mitad del terreno y de la parcela en la que la multinacional sueca pretende instalarse.
El horario del tráfico comercial es diferente al del campus
Uno de los principales escollos de la nueva área comercial en Rabassa son los accesos por carretera y la congestión del tráfico. La edil de Urbanismo insiste que en que los responsables de la multinacional sueca exigen esa ubicación concreta. “No quieren otra, les ofrecimos varias alternativas y las rechazaron”, asegura García Romeu que esgrime unos estudios encargados por Ikea que destacaban precisamente la buena conexión con las autovías a Murcia, Madrid y Valencia por el interior.
La empresa promotora plantea que el acceso al área comercial se organice desde la rotonda donde desemboca la autovía de Alcoi, una alternativa distinta a la plantea el Ministerio de Fomento que prefiere que se construyan dos viales paralelos a la A-70.
El problema es que esta obra supondría una inversión de más de 40 millones de euros, y la primera opción es mucho más barata. Fuentes de Alicante Avanza aseguran que han aportado sus propios estudios sobre el tráfico futuro. “El horario comercial es compatible con el campus de la Universidad de Alicante, y las horas punta no coinciden”, asegura uno de los responsables de la promotora de Ortiz. Y evidentemente no genera el mismo tráfico 13.500 viviendas particulares y un área comercial paralela y sólo un Ikea y algunas tiendas.
En el proyecto no figura ninguna vivienda y los propietarios del suelo deberán asumir el coste de la urbanización. “No tiene nada que ver el plan Rabassa con esta ATE, el primero está descartado y el segundo veremos qué pasa”, admiten fuentes de la promotora que esperan que en breve la consejería de Economía y Comercio emita un informe sobre la repercusión económica y el impacto que tendrá el proyecto y si reúne las condiciones para ser declarada ATE.
Después será el turno para que la consejería de Infraestructuras analice los aspectos técnicos y se pronuncie sobre su viabilidad. Una vez superadas estas dos pruebas se aprobará por parte del Consell y se abrirá un plazo de 45 días de exposición pública para presentar alegaciones. Al mismo tiempo, se deberán solicitar informes al Ministerio de Fomento sobre las conexiones por carretera o a la Confederación del Júcar sobre las necesidades hídricas.
Fuentes de la Gerencia de Urbanismo de Alicante estiman que el proceso se puede demorar un año, y confían en que a finales de 2014 se puedan dar las primeras licencias para construir. El proyecto contempla una reserva de un millón de metros en la zona de las Lagunas de Rabassa que se convertirán en un parque urbano, después está prevista un área comercial de 300.000 metros para Ikea y otras cadenas comerciales, un parque terciario industrial (140.000 metros) y 120.000 metros de suelo terciario, para comercios oficias, restauración u hoteles.
El Ayuntamiento de Alicante estima que con esta actuación se crearán, entre directos e indirectos, unos 9.000 puestos de trabajo y las arcas municipales prevén ingresas 3 millones de euros por tasas de licencias, otros 12,5 millones por el ICIO (Impuesto de Construcción Instalaciones y Obras) y otros 80 millones de euros de IVA devengado por la construcción de edificios y urbanización de la zona.
La concejal de Urbanismo, Marta García Romeu, destaca que el proyecto no supondrá ninguna inversión adicional para el Ayuntamiento que “únicamente asumirá los gastos de limpieza y mantenimiento, se trata de una iniciativa privada”. Pero ¿dónde está el negocio para Ortiz y sus socios? Fuentes de la promotora admiten que ahora el beneficio será “infinitamente menor” que con el Plan Rabassa donde estaba previsto construir miles de viviendas, ahora los beneficios se obtendrán de la venta de las parcelas urbanizadas y listas para construir.
Sin embargo, Esquerra Unida considera que el proyecto está “viciado” desde su inicio y bajo la sospecha de los tribunales. “Los promotores son los mismos y el pelotazo también”, sostiene el edil Miguel Ángel Pavón, quien considera que la aprobación de esta ATE podría incurrir en un fraude de ley si se probaran los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias que han denunciado en los tribunales. EU defiende que Ikea se instale en Alicante pero “fuera del plan Rabassa, en otro lugar y con el acuerdo del sector del mueble”.
En la misma línea se pronuncia Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, que tilda de “barbaridad” este proyecto que amenaza las Lagunas de Rabassa y supondrá un “colapso” de tráfico. “Nosotros presentaremos alegaciones y dudamos que sea compatible la ATE con las sentencias que anularon los anteriores planes”, concluye Arribas.
El pequeño comercio teme que se rompa el actual equilibrio
El pequeño comercio lo tiene claro: Ikea será bueno porque situará a Alicante como ciudad destino de compras, pero una gran área comercial puede ser letal y la puntilla definitiva para alguno de los centros comerciales, que ya se sienten marginados porque no les dejan abrir los festivos como a los establecimientos del centro.
Esta semana, los centros comerciales Gran Vía, Plaza Mar 2, Puerta de Alicante y Parque Comercial y de Ocio Vistahermosa y las asociaciones del Pla-Carolinas, La Florida y los comerciantes del entorno de Plaza Mar remitieron una carta a la alcaldesa, Sonia Castedo, exigiendo que todo la ciudad sea declarada Zona Afluencia Turística, lo que comportaría libertad de horarios.
Vicente Armengol, vicepresidente del colectivo de comerciantes por Alicante, rechaza el proyecto con macrocentro comercial con rotundidad. “Nosotros apostamos por Ikea pero sin macrocentro que situaría a muchas tiendas al borde del abismo”, asegura Armengol que teme que rompa el débil equilibrio comercial.
Sin embargo, la asociación de comerciantes Copibad, que aglutina a los establecimientos de los barrios de Los Ángeles y Altozano, piden “celeridad” para este proyecto que supondrá “la revitalización” del sector.
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