Alaya pide que se certifique la condición de aforados de Chaves y Griñán
La magistrada también reclama que se informe de la situación de cinco exconsejeros
La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos con dinero público, Mercedes Alaya, ha comunicado este jueves a las partes una providencia, firmada el pasado día 22, en la que se interesa por el aforamiento de los posibles imputados que pueden gozar de esta condición, entre los que se encuentran los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como otros cinco exconsejeros del Gobierno andaluz.
La providencia va en la línea con el auto de la Audiencia de Sevilla que instó a la juez el pasado 25 de octubre a se inhiba en esta causa y la remita a un órgano superior, ya sea el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al considerar que ha agotado la instrucción que afecta ya a aforados.
En esa resolución, el tribunal consideró que Alaya podría haber “alcanzado el límite máximo de instrucción” y debería plantearse elevar la investigación “al juez competente en las causas de aforamiento”. Dos meses antes, la Audiencia de Sevilla urgió a Alaya a “apurar y depurar” la investigación sobre el fraude antes de inhibirse.
Entre los posibles implicados con condición de aforado se encuentran Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Carmen Martínez Aguayo (exconsejera de Hacienda), José Antonio Viera, Manuel Recio (exconsejeros de Empleo), y Francisco Vallejo y Antonio Ávila (exconsejeros de Innovación).
“Cabría pensar que poco más queda por instruir salvo oír a los imputados, lo que podría corresponder en su totalidad al tribunal de aforamiento”, explicó la Audiencia. Como respuesta, en la última providencia de Alaya, la magistrada libra oficios a las secretarías generales tanto del Congreso como del Parlamento para que "informen de la condición de aforados" de todos los citados".
El auto que 'preimputaba' a numerosos estos ex altos cargos de la Junta coincidió con la toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno andaluz y fue recurrido por la Fiscalía Anticorrupción. La magistrada comunicó a todos ellos la existencia del procedimiento "en calidad de imputados" y a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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