La Pokémon pone el foco en A Coruña, la ciudad en la que Vendex hace caja

Después de Lugo, Ourense y Santiago, A Coruña se convierte en la cuarta ciudad gallega en la que pone el foco la juez Pilar de Lara, instructora de la Operación Pokémon. Solo un día después de obtener el respaldo a su investigación por parte de la Audiencia lucense, que tenía que decidir (a petición del alcalde imputado Orozco) si apartaba a la magistrada y anulaba las diligencias, la titular del juzgado número 1 de Lugo ordenó, ayer, el registro del Ayuntamiento de A Coruña. Según fuentes relacionadas con el caso, se reclamaron “expedientes muy concretos sobre personas muy concretas” que afectan tanto a los contratos con la firma Vendex en tiempos del anterior gobierno socialista como desde que ganó las elecciones del PP, en mayo de 2011.

Las mismas fuentes advierten de que habrá nuevas imputaciones y de que podría verse implicado algún funcionario municipal. En los próximos días serán llamadas a declarar a los juzgados de Lugo varias personas para dar explicaciones sobre la forma en que se otorgaron estas concesiones de servicios a favor del conglomerado de empresas Vendex, cuyos máximos responsables, encabezados por Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, fueron detenidos al inicio de la Operación Pokémon, en septiembre de 2012. Este consistorio representa para Vendex, el grupo de empresas concesionarias que aparece en el epicentro de la trama, cerca de la mitad, cinco millones de euros, de su facturación total en Galicia.

Mientras gobernó el PSOE en el Ayuntamiento de A Coruña, diferentes filiales de la compañía (que tiene sede principal en Madrid y delegaciones en las siete ciudades gallegas) llegaron a acaparar 16 contratas municipales. Tras estallar la Pokémon, el número de concesiones se ha reducido. Según explicó ayer Negreira, el Ayuntamiento mantiene “10 contratos” con Vendex, “cinco de ellos actualmente en licitación”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no tenía previsto informar del operativo llevado a cabo, como es costumbre en la Pokémon, por agentes de Aduanas. El objetivo de la juez (que ordenó simultáneamente otro registro en el Ayuntamiento de Ortigueira) era llevarlo a cabo discretamente, pero fue el propio alcalde de la ciudad, el popular Carlos Negreira, quien levantó la liebre en una rueda de prensa convocada en María Pita por otro asunto. “Antes de que se enteren por otra vía, les cuento que en estos momentos están registrando el Ayuntamiento”, desveló el regidor a los periodistas pasado el mediodía. Y luego prometió: “No vamos a escatimar información, daremos todos los contratos, todas las facturas. Nuestras puertas están abiertas a la Justicia”.

No era la primera vez que los técnicos de Aduanas entraban en María Pita tirando del hilo de la Pokémon, una colección de cromos que alcanza, de momento, casi 90 imputados en Galicia y otras comunidades. En octubre de 2012, los agentes también se presentaron en el consistorio coruñés para reclamar los expedientes de la concesión municipal de la grúa y de la ORA correspondientes al año 2005. Ayer, revisaron durante la jornada laboral de los funcionarios municipales mucha más documentación, referida a un periodo de tiempo más amplio y a más contratas con Vendex. Los agentes de paisano también acudieron a reclamar archivadores con documentación muy precisa a la sede coruñesa de este grupo empresarial, además de a las dependencias municipales del Coliseo y las Casas de Paredes.

El registro en el Ayuntamiento de Ortigueira, que empezó poco después que el de María Pita y también corrió a cargo de agentes de Aduanas, no estaba relacionado con la Operación Pokémon, sino con uno de sus descendientes, el caso Manga, un entramado en el que aparecen involucrados exresponsables de la antigua Aquagest (ahora Viaqua), cargos de la firma GRS Arc Local, y diferentes responsables políticos de Galicia y de Girona. También en Ortigueira se trataba ya del segundo registro. El anterior se efectuó el pasado febrero, y los agentes se llevaron documentación relativa a las adjudicaciones entre 2011 y 2012 a favor de Aquagest, concesionaria del servicio municipal de aguas desde 2006.