Guerra en el Colegio de Médicos

Médicos contra médicos. Denuncias cruzadas, acusaciones de malversación, despidos improcedentes, rifirrafes en público... El Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), una institución con casi 40.000 colegiados —la más numerosa de España— vive uno de sus peores momentos: una guerra interna entre la presidenta, la médica militar Sonia López Arribas, y los ocho miembros restantes de la junta directiva. Distintas fuentes consultadas hablan de un colegio “ingobernable” y lamentan el “lamentable espectáculo” que están dando las dos partes, que se han denunciado mutuamente ante la Organización Médica Colegial (OMC), el órgano que agrupa a todos los colegios de España.

La presidenta lleva meses aguantando en su cargo pese a tener en contra a la junta directiva, que la acusa de “deslealtad”. Los otros ocho miembros han llegado a retirarle la tarjeta de crédito con la que se pagan los gastos de representación y a enviar una comunicación interna a los trabajadores para que no den trámite a ninguna orden o notificación de López Arribas “si no llevan, al menos, la firma de otro miembro más de la junta”. También la han acusado de no poder justificar sus gastos. Esta, a su vez, ha recurrido a la OMC porque considera que la han despojado de las funciones propias de su cargo.

A las denuncias cruzadas en el seno de la junta directiva se suman las de otros médicos. A la OMC han llegado entre 15 y 20 escritos de varios compromisarios (los aproximadamente 600 colegiados elegidos para formar parte de la asamblea) que denuncian supuestas irregularidades en la modificación de los estatutos, las elecciones a la asamblea y la composición de la comisión deontológica del colegio. La vicepresidenta, Ana Sánchez Atrio, reumatóloga del hospital de Alcalá, es objeto de alguna de ellas. En primer lugar, porque la memoria de 2012 de la institución afirma que ella preside la comisión deontológica y acude a sus reuniones, cuando los estatutos impiden que forme parte de él un miembro de la junta directiva. Otra denuncia alude al nombramiento de Julio Albisúa, neurocirujano y cónyuge de Sánchez Atrio, como miembro de la comisión.

Los enfrentamientos en el seno del órgano directivo del colegio han tenido eco en la actividad cotidiana de la institución. En octubre se modificaron los estatutos que rigen su funcionamiento. Sin embargo, el nuevo texto aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid como es preceptivo, por lo que aún no es oficial. Los tres interventores se negaron a firmar el acta provisional de la asamblea que votó los cambios. Una asamblea en la que, según varios testigos, quedaron en evidencia los problemas entre los miembros de la junta directiva. El acta provisional recoge gritos en el auditorio y un rifirrafe entre la presidenta y la vicepresidenta, porque la segunda quiso tomar la palabra y la primera se negó a entregarle el micrófono.

La actual junta directiva salió de unas elecciones celebradas en mayo de 2012. Cuatro de sus miembros han dimitido. La candidatura de López Arribas estaba apoyada por Uniteco Profesional, la correduría de seguros del colegio, según admiten sus miembros y criticaron los otros candidatos durante la campaña. Un portavoz oficial de Uniteco lo niega, pese a que su presidente y fundador, Gabriel Núñez, admitió a este diario en 2012 su respaldo, según dijo, a título individual.

Varias fuentes consultadas aseguran que Uniteco desempeña un papel importante en la crisis del colegio. Apuntan, incluso, a que la empresa fue la que promovió el cambio de los estatutos que originó la bronca en la asamblea. Algo que parece confirmar un informe del entonces jefe de la asesoría jurídica del colegio, Ramón Hermosilla, fechado el 30 de noviembre de 2012. Según ese texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el letrado jefe recibe de la junta directiva el encargo de estudiar la legalidad de una modificación estatutaria “propuesta por la empresa Uniteco Profesional”. Su informe concluye que la modificación pretendida —impedir que el colegio pueda recomendar o contratar en nombre de los colegiados a una empresa— no sería legal. Uniteco niega haber propuesto nada. “Son apreciaciones personales suyas”, asegura.