El PP salpica a uno de sus cargos al denunciar al PSOE por una obra ilegal

Al delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, se le atragantan los fondos europeos. El PP ha reclamado por escrito a Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural) que “adopte las medidas legales oportunas” contra los responsables de un tramo del paseo fluvial del río Miño en la capital ourensana, cerrado tras una sentencia que declaró ilegal la ocupación de terrenos que no habían sido expropiados. Entre los responsables se encuentra el exconcejal socialista Demetrio Espinosa, pero también el popular Martínez. El delegado de la Xunta presidía el grupo de acción local Valmiño, que pagó 263.000 euros (el 70% del coste total) procedentes de fondos europeos tras certificar la legalidad de la obra.

En un escrito dirigido al organismo encargado de vigilar las subvenciones europeas y firmado por el número dos de Baltar, Rosendo Fernández, se detallan las presuntas ilegalidades cometidas y se solicita que Agader “requiera el expediente de la obra al Ayuntamiento a fin de comprobar la veracidad” de los hechos denunciados y “una vez realizada dicha comprobación se adopten las medidas legales oportunas”. El 29 de diciembre de 2006, el Ayuntamiento (gobernado entonces por el PP) firmó un contrato con Valmiño para la financiación del proyecto Ruta termal del Miño. En abril y mayo de 2008, con el PSdeG ya en el poder, el entonces concejal de Medio Ambiente, Demetrio Espinosa, y otros técnicos firmaron las actas de planeamiento y replanteo en las que se certificaba que “el resultado de la comprobación demuestra la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto”.

“Se faltó claramente a la verdad”, asegura el escrito del PP. Y es que en 2009 una sentencia ilegalizó la obra porque una parte de los terrenos nunca fueron expropiados. La propietaria denunció y la juez sentenció que “se posesionó el terreno afectado por la obra pública de manera ilegal y sin haber seguido ninguno de los trámites para su expropiación”. La sentencia ordenó indemnizar a los propietarios, demoler el sendero y reponer a su estado original los terrenos ocupados. El paseo fue tapiado con grandes bloques de piedra a finales de 2012 tras ser multado el Ayuntamiento por incumplir el fallo de la justicia y además se han vertido grandes cantidades de tierra y piedras que impiden realizar el trayecto con seguridad debido a la fuerte pendiente del terreno. Ahora se ha encargado una asesoría externa para analizar la expropiación inexistente que sí fue certificada por el exconcejal ourensano.

El delegado de la Xunta certificó y pagó la obra ilegal desde el grupo de acción local. En mayo de 2008 firmó una prórroga de los plazos de obra (que fueron sistemáticamente incumplidos) solicitada “para reducir al mínimo posibles alteraciones del entorno”. No fue la única, ya que los fondos europeos tenían como plazo máximo de justificación el 31 de agosto de 2008 y fue puesto en servicio a finales de noviembre de ese año. Según la información a la que ha accedido este diario, el último pago ordenado por Valmiño se formalizó el 13 de marzo de 2009, con la denuncia ya presentada. Un mes después Martínez era nombrado delegado de la Xunta, abandonando la asociación, la alcaldía de Arnoia y la vicepresidencia de la Diputación.

La ley obliga a Valmiño a revisar la tramitación de las obras que financia y a comprobar que están en servicio durante los cinco años posteriores a su finalización. El PP afirma que “la UE podría reclamar la devolución de los fondos por tener el paseo cerrado sin explicación alguna”. El Gobierno central ya ha reclamado fondos públicos gestionados por Martínez. El 5 de diciembre de 2011, ordenó abrir un expediente de reintegro de subvenciones comunitarias de Leader Plus tramitadas por Valmiño “como consecuencia de los controles realizados por la Intervención General de Galicia por presuntas irregularidades que pueden dar lugar al reintegro de las cantidades indebidamente aplicadas que ascienden a 246.253 euros”. En Valmiño también trabajó como gerente Juan Emilio Aparicio, mano derecha del delegado. Era el teniente de alcalde de su pueblo. Ambos formaron parte de Ceivam, un grupo de acción local anterior por cuya gestión van a ser juzgados en los próximos meses, acusados de desviar 39.000 euros de ayudas europeas para obras certificadas no ejecutadas.