El FROB se suma a la acusación contra Serra por los sueldos de CatalunyaCaixa

El juez que investiga los aumentos salariales a directivos de CatalunyaCaixa cuando la entidad estaba al borde de la quiebra ha admitido como acusación particular al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En 2010, el mismo año en el que aprobó la subida de las retribuciones, la caja catalana pidió auxilio al organismo, que inyectó inicialmente 1.250 millones de euros. Casi tres meses después de que la Fiscalía Anticorrupción denunciase a los antiguos responsables de CatalunyaCaixa, el FROB se ha personado como perjudicado.

En la causa permanecen imputados por un delito de administración desleal el expresidente de la entidad, Narcís Serra, el exdirector general, Adolf Todó, y otros 52 exmiembros del Consejo de Administración. En enero y octubre de 2010, cuando según el fiscal la caja estaba ya en una situación de “insolvencia”, la inmensa mayoría de consejeros dio el visto bueno a subir la retribución (fija y variable) de Todó y de quien fue su número dos, Jaume Masana, que sin embargo no está imputado. El fiscal ha pedido al juez, en ese sentido, que archive el caso contra quienes votaron en contra de los aumentos.

Admitida la querella de la CUP por un préstamo irregular en Lleida

En su declaración ante el juez Josep Maria Pijuan, Serra defendió la legalidad de esos acuerdos. El exministro de Defensa afirmó que las retribuciones fueron avaladas por el Banco de España, por consultoras externas... y por el FROB, que ahora, sin embargo, ejerce la acusación junto a la fiscalía, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y la asociación de consumidores Ausbanc.

El juez ha acordado citar como testigos, a petición del fiscal Fernando Maldonado, a tres de los máximos responsables del área de inspecciones y supervisión del Banco de España. El magistrado también ha solicitado a la entidad que facilite el resultado de las auditorías practicadas a la caja catalana entre 2008 y 2012 para aclarar cuál era la situación económica de la entidad cuando se aprobaron los aumentos de sueldo. El Banco de España también deberá entregar los resultados de las inspecciones a la entidad.

El juez ha admitido a trámite, además, la ampliación de querella que presentó la CUP por el préstamo hipotecario (50 millones) que concedió la entidad a una filial suya para adquirir una finca anexa al palacio de congresos construido por el Ayuntamiento de Lleida. Según la denuncia, el préstamo se concedió a un precio muy superior al de mercado. Las obras, según el partido, no se llegaron a ejecutar, lo que comportó “nefastas consecuencias” para el patrimonio de CatalunyaCaixa.