El secretario general en funciones se desmarca de la batalla por la sucesión

En paralelo al escándalo de las facturas falsas, UGT tiene abierto en Andalucía otro frente peliagudo después de la dimisión el pasado viernes de su secretario general, Francisco Fernández Sevilla: la sucesión para presidir la cúpula. Desde este fin de semana los codazos y cuchillos metafóricos han empezado a volar en el sindicato para posicionarse. Eso sí, la sucesión puede ser un caramelo envenenado dado que la justicia está detrás de la gestión de los últimos años del sindicato.

El precedente en el caso ERE es muy claro: los responsables de la Consejería de Empleo que en 2008 heredaron la nefasta gestión anterior en la Dirección General de Trabajo intentaron mediar y encontrar un difícil equilibrio para evitar acudir a los juzgados. El resultado ha sido la imputación de todos los altos responsables, incluido parte del equipo del consejero Manuel Recio, que desde 2010 buscaron la mejor fórmula para arreglar el desaguisado. Y la investigación de UGT también la dirige la juez Mercedes Alaya.

Hoy se celebra una reunión con todos los secretarios provinciales y de las federaciones para aclarar el panorama abierto desde ahora. De momento, el secretario general en funciones, Manuel Ferrer, se desmarca de la batalla por la sucesión: "No tengo ninguna aspiración. Mi misión es llevar a la organización hasta el 9 de enero y no tengo nada que proponer". A partir de ahora los dirigentes inician las conversaciones y pactos para alcanzar acuerdos y consensuar un nombre que proponer al comité extraordinario el próximo 9 de enero. La intención de la dirección es proponer un nombre y de este modo evitar la celebración de un congreso extraordinario. Está por ver si habrá otros nombres de listas alternativas que peleen por el liderazgo.

"De momento, no hay nombre. No estábamos trabajando en esa clave. Somos un órgano del sindicato y ya saldrán", confía uno de los secretarios que forman parte de la actual comisión ejecutiva en funciones, formada por ocho miembros. El plan trazado era que Fernández Sevilla dimitiera a principios de año, pero la reclamación de la Junta de 1,8 millones por ayudas indebidas precipitó su salida.

Por otra parte, el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, afirmó ayer que los casos judiciales de los ERE, Invercaria y la pieza de UGT "son un solo caso". "El de la Junta y el PSOE, que están contribuyendo institucionalmente a una gran defraudación de dinero", opinó. El dirigente popular acusó al sindicato de permitir "un despilfarro de dinero público que se ha gastado en mariscadas, bailes y falsificaciones de bolsos". En esta línea, Zoido pidió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que actúe ya, porque "está todavía a tiempo de rectificar, (...) sabe ya demasiado para que no tome ninguna medida o terminará abrazando la corrupción".