La Pokémon extiende la crisis de Santiago a los dos grandes partidos

Hasta ahora, la insólita situación del Ayuntamiento de Santiago se resumía en una cifra: 10 de los 13 concejales del PP, entre ellos el alcalde, Ángel Currás, imputados en diversas causas. Y eso después de que el anterior regidor, Gerardo Conde Roa, tuviese que dimitir por defraudar 291.000 euros a Hacienda. Pero desde ayer la gravísima crisis municipal en la capital de Galicia amplía el foco y alcanza ya de lleno también al principal partido de la oposición. La juez de Lugo Pilar de Lara, que investiga el caso Pokémon por supuestas corruptelas en el reparto de contratas en varios ayuntamientos, ha confirmado en un auto que tiene indicios de que tanto el PP como el PSdeG compostelano se financiaron ilegalmente. Y ha ratificado también la imputación de Bernardino Rama, ahora concejal en la oposición y antiguo hombre fuerte de los socialistas compostelanos.

El último auto de la juez De Lara ofrece un amplio mapa del laberíntico caso Pokémon, con 88 imputados —entre ellos, tres alcaldes y cinco exalcaldes— y ramificaciones en Asturias y Cataluña. Santiago se lleva la palma de las acusaciones de la magistrada, que implica al alcalde; también a su antecesor, Conde Roa; a dos ediles del grupo de gobierno, además de un tercero que ya dimitió tras ser detenido por este caso, y al socialista Rama. El portavoz del PSdeG en el Ayuntamiento, Francisco Reyes, volvió a pedir ayer la dimisión del alcalde y se mostró seguro de que las acusaciones contra su partido “serán archivadas”. Pero las nuevas revelaciones suponen un mazazo para la estrategia de los socialistas de denunciar que la justicia había puesto en una situación insostenible al gobierno local y para sus aspiraciones de recuperar la alcaldía que perdieron en 2011 tras 27 años en el poder.

De Lara detalla que ha descubierto “posibles irregularidades en la financiación del Partido Popular mediante la aportación de dinero por empresas adjudicatarias de obras y servicios del Ayuntamiento de Santiago”. La juez es más concreta al señalar sus sospechas también sobre los ingresos del PSdeG local. Sostiene que para la “supuesta financiación ilegal” de los socialistas compostelanos la compañía Imprenta Ibérica, “en connivencia con otras empresas, entre ellas Aquagest [concesionaria del servicio de aguas], habría elaborado facturas falsas por un elevado importe de dinero, lo que podría constituir un delito de falsedad documental y delito electoral”. Por estas acusaciones están imputados Rama, el dueño de la imprenta y dos exdirectivos de la empresa de aguas.

Con todo, el cúmulo de acusaciones al gobierno local confirma la dificilísima situación en que se encuentra el equipo del alcalde Currás. La juez asegura que tiene indicios de al menos dos “adjudicaciones ilícitas” del actual ejecutivo, las de los contratos para gestionar las multas de tráfico y de suministro de autobuses, este último subvencionado con fondos europeos. Sin individualizar las acusaciones, la juez relata que “concejales y funcionarios se habrían concertado con diversos grupos empresariales para adjudicarles de forma irregular concursos convocados por el Ayuntamiento”. La magistrada sospecha que las empresas entregarían a cambio “sobornos en sus distintas modalidades” entre las que cita entregas de dinero, regalos, viajes y contratación de trabajadores supuestamente enchufados por responsables políticos del Ayuntamiento. De Lara refiere además indicios de que se perdonaron multas de tráfico y se produjo “trato de favor a determinados establecimientos para evitar expedientes sancionadores”.

El alcalde, que arrastra además otra imputación por presunto acoso a un policía local díscolo, sigue actuando como si nada ocurriese. “Yo confío en lo que se ha hecho respecto a las adjudicaciones”, señaló Currás en declaraciones a Radio Galicia, de la SER. “Si algo nos ha caracterizado tras nuestra llegada al gobierno son la transparencia y la claridad. No tenemos nada que ocultar”.