El abogado personal de Baltar padre cobró 500.000 euros de la Diputación

El expresidente del organismo provincial lo contrató para un pleito inmobiliario

El abogado Emilio Atrio (izquierda) y José Luis Baltar
El abogado Emilio Atrio (izquierda) y José Luis Baltarnacho gómez

El abogado personal del cacique ourensano José Luis Baltar, defensor suyo en el proceso judicial por el enchufismo en la Diputación, Emilio Atrio, ha cobrado medio millón de euros por representar a la institución provincial en un contencioso contra una inmobiliaria. El organismo provincial contrató a Atrio la representación en los pleitos contra Flager, SA. El abogado recibió la mayor parte de los ingresos, cerca de 400.000 euros, entre 2012 y lo que va de 2013. Los pagos fueron ordenados por el hijo-sucesor del cacique coincidiendo con la defensa por el mismo abogado del ya jubilado Baltar en el proceso judicial en el que está acusado de prevaricación (el juicio se celebrará el próximo verano) por contratar a 104 personas en las semanas previas al congreso provincial del PP en el que se consumó la sucesión dinástica. La Diputación tiene un servicio jurídico con tres letrados en plantilla y Baltar justificó recientemente la contratación como asesor de la presidencia del exgerente de la disuelta Urbaourense José Cudeiro, abogado especializado en urbanismo, asegurando que tenía como objetivo “reforzar la asesoría jurídica” de la institución. Cudeiro cuesta 80.000 euros anuales a las arcas provinciales.

 José Manuel Baltar Blanco ha mantenido el encargo que su padre le hizo a Atrio en 2010 para que representase a la institución en el contencioso contra la empresa inmobiliaria Flager, SA, a la que la Diputación presidida por el fundador del baltarismo le vendió terrenos de la finca Santamarina, propiedad del organismo provincial, en Mariñamansa, en el municipio de Ourense, La operación urbanística fue tildada en su día por BNG y PSdeG de “gran pelotazo” considerando que la Diputación expropió los terrenos en 1949 con el compromiso de dedicarlos a uso agrícola y en 2001 los vendió a Flager, para que edificara en ellos, por 8,4 millones de euros, aunque el perito judicial los valoró en 27,4 millones.

Según consta en la documentación oficial de la Diputación, los pagos a Atrio por esta representación comenzaron en 2010, estando aún el primero de los Baltar al frente de la institución. Fue en ese momento cuando la inmobiliaria reclamó judicialmente al organismo provincial siete millones de euros que tenía que pagar a los reversionistas de la finca. El 9 de diciembre de ese año, Baltar padre ordenó dos transferencias, cada una de ellas por importe de 32.086,56 euros, a su abogado personal para cubrir los gastos de la minuta en esta representación. Al día siguiente, la Diputación autorizó una factura más por otra cantidad idéntica.

Los pagos se reanudaron en 2012. Desde mayo de ese año, y hasta la actualidad, la Diputación —ya con el hijo-sucesor al frente— continuó ordenando transferencias a Atrio por los servicios jurídicos prestados a la institución. El 29 de mayo de 2012, la Diputación realizó tres pagos más al abogado por importe, cada uno, de 598,39 euros. En este caso las partidas se destinaban a provisión de fondos. El 24 de agosto del mismo año, Baltar hijo ordenó otros tres abonos, por 40.110,56 euros cada uno, para hacer frente a los honorarios del letrado en el procedimiento ordinario contra la inmobiliaria. Esta misma cantidad, y por el mismo concepto, fue pagada a Atrio otras tres veces consecutivas, el 28 de diciembre de 2012.

Las transferencias continuaron en 2013. En marzo de este año, José Manuel Baltar autorizó otros tres pagos, por cantidades idénticas de 41.130,32 euros, para saldar la minuta de la representación contra Flager del abogado defensor de su padre. En este mes de noviembre, la Diputación ha vuelto a transferir dos partidas más, por importe cada una de ellas de 33.991 euros, al letrado. En este caso, el reembolso se hace en concepto de gastos por “honorarios de apelación” en la misma causa contra la inmobiliaria.

El pleito entre la Diputación y Flager por la finca Santamarina se basó en la reclamación de esta última de más beneficios económicos. Ambas entidades son las dos propietarias más poderosas en la junta de compensación de la parcela en la que está prevista la instalación de El Corte Inglés.

Baltar rechazó siempre la reclamación de la oposición de construir vivienda pública —la hará privada— en el terreno que posee en esa finca después de haber realizado la venta a Flager que para BNG y PSdeG fue “lesiva para los intereses de los ciudadanos” que perdieron la posibilidad de contar con un parque de más de 17 hectáreas.

El importe que la Diputación facturó al abogado personal de Baltar por la representación en el pleito contra la inmobiliaria Flager, “es la que corresponde con los honorarios, ni más ni menos”. Así lo precisan fuentes del bufete de Emilio Atrio, que sostienen que las cantidades que la institución ourensana le pagó están relacionadas con “la reclamación millonaria en la cuantía del procedimiento”. Asimismo, precisan que con toda probabilidad será la empresa inmobiliaria la que acabe haciendo frente a esas cantidades “ya que está condenada en costas”.

El bufete defiende a funcionarios

La institución provincial no solo ha facturado al abogado personal de José Luis Baltar por su representación judicial, sino también, puntualmente, a otros colaboradores del mismo bufete. Luis Romero —que ha colaborado con Atrio en la defensa del cacique en el proceso del enchufismo, así como en la de otros cargos del baltarismo que han pasado por los juzgados— prestó también servicios pagados por la Diputación a funcionarios de este organismo. Entre ellos, al responsable del gabinete de riesgos laborales de la institución, Camilo Rodríguez, acusado, junto con otros trabajadores de este servicio provincial, de un delito de lesiones imprudentes por infringir la normativa en una planta de tratamiento de residuos, lo que costó la amputación de varios dedos de una mano a un trabajador. Rodríguez fue condenado.

En declaraciones a este diario, Romero puntualiza que aunque le paga la institución provincial no es ella quien lo contrata, sino los propios empleados a través de un convenio laboral que les permite elegir letrado y que les da derecho a que la institución les pague la defensa. “A mí jamás me contrató servicio alguno la Diputación, me llamaron los trabajadores”, sostiene Romero.

El jefe del servicio que requirió a Romero para defender a los trabajadores en el pleito laboral es miembro de una de las más emblemáticas dinastías familiares del PP que forman el entramado laboral tejido por el cacique en la Diputación. El funcionario condenado es hijo del histórico exalcalde de Esgos Manuel Ángel Rodríguez, que vinculó para siempre al fundador del baltarismo con su pueblo natal poniendo su nombre a la piscina y al polideportivo, y designándolo después hijo predilecto.

El exregidor rendido al baltarismo, que fue sucedido en la alcaldía por el cuñado del cacique, consiguió ver empleados en la Diputación a sus tres hijos, entre ellos Camilo Rodríguez, y a un sobrino, así como a alguno de los descendientes de estos. El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha apartado ahora, durante tres meses, al descendiente del exregidor de Esgos del desempeño de su jefatura en el organismo provincial.

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