El Consell manda a Cortes una ley para reducir diputados condenada al fracaso

El Gobierno valenciano aprobó este viernes, en un ejercicio de esterilidad legislativa, un proyecto de ley de reforma del Estatut para reducir de 99 a 79 diputados. Lo singular de este proyecto de ley es que está condenado al fracaso porque se remite a las Cortes sin consenso previo con la oposición —y hace falta una mayoría cualificada de la Cámara para sacarlo adelante— y sin una justificación adecuada. La propuesta no estaba en el programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones autonómicas y se sustenta en la supuesta opinión de la mayoría de los valencianos.

“No tenemos ningún estudio que avale la decisión, pero si preguntamos a los ciudadanos la mayoría diría que sí”, afirmó el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, que añadió: “Las bases del partido [Popular] lo piden, que son las que están en contacto con los ciudadanos”.

Ciscar argumentó que el único propósito de tramitar el proyecto de ley es forzar a la oposición parlamentaria para que explique su oposición a la reducción del número de diputados. “Queremos trasladar que el mismo esfuerzo que se han hecho en otros ámbitos se ha de trasladar a las Cortes Valencianas”, dijo Ciscar, que recalcó: “Queremos que la oposición diga que no”.

Tras las críticas al proyecto por parte del Consell Jurídic Consultiu, al reclamar al Gobierno valenciano un informe económico “más detallado, que justifique con mayor amplitud la oportunidad de la reforma”, Ciscar ofreció ayer una retahíla de números. “Según los cálculos de la Consejería de Gobernación”, explicó el portavoz, “el referéndum para ratificar la reforma del Estatut a la vez que las elecciones al Parlamento Europeo tendría un coste de 2,2 millones de euros”.

Un dinero que se compensaría con un ahorro de 352.000 euros menos al año por la reducción de los 20 diputados. Una cifra a la que Ciscar le sumó distintos conceptos relacionados con las subvenciones a los partidos hasta asegura que el ahorro sería de 2,3 millones de euros en el plazo de año y medio. Justo lo que cuesta el referéndum.

Tal y como admitió Ciscar, el resto de partidos rechazó de plano el proyecto de ley. El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, acusó al Consell de despistar a la opinión pública. “Están en fuegos artificiales y en despistar a la opinión pública, mientras que lo que deberían hacer es sentarse a dialogar con los agentes socioeconómicos y partidos políticos para salir de esta crisis, la más grave de la democracia”, manifestó Puig.

“Desde Compromís”, indicó su portavoz Enric Morera, “decimos que no. No vamos a consentir que el PP utilice maniobras para perpetuarse en el poder, recortando nuestro autogobierno”. La portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, acusó al PP de “criminalizar a los diputados elegidos” en vez de atajar sus casos de corrupción. “Además, es un intento de reforzar el bipartidismo”, sentenció.