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El TSJA condena a Gordillo a siete meses de cárcel por ocupar una finca militar

El fallo considera al diputado autor de un delito de usurpación y de otro de desobediencia grave

Los dirigentes jornaleros tendrán que pagar una indemnización a Defensa

Juan Manuel Sánchez Gordillo, este jueves en Marinaleda. Ampliar foto
Juan Manuel Sánchez Gordillo, este jueves en Marinaleda.

La ocupación de la finca militar Las Turquillas en el verano de 2012 por unos 500 miembros y simpatizantes del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) se ha saldado con condenas de siete meses de prisión para los principales cabecillas, Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otras dos personas más, y la absolución del medio centenar de acusados restantes.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a Gordillo, parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda, y a Cañamero, secretario general del SAT, por un delito de desobediencia grave a la autoridad, al negarse a desalojar la finca pese a las reiteradas advertencias de la Guardia Civil de que estaban realizando una acción “ilegal”.

Penas

Juan Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero: siete meses de cárcel y siete meses de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por desobediencia grave a la autoridad. Multa de 1.200 euros por delito de usurpación. Pago solidario de 485,84 euros por daños y perjuicios y de 274,76 euros por la limpieza de la zona de acampada.

El alto tribunal les condena por ello a la pena de cárcel que pedía el fiscal, siete meses, frente al año de prisión que solicitaba la acusación particular, representada por la Abogacía del Estado. La pena por este delito conlleva también la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante esos siete meses. Esa misma condena se aplica también a otros dos acusados, Juan Vega y José Rodríguez.

El TSJA también condena a estas cuatro personas, junto a una quinta, José Antonio Mesa, a cuatro meses de multa, a razón de 10 euros diarios, por delito de usurpación. Y a pagar una indemnización de 485,84 euros al Ministerio de Defensa por daños y perjuicios, y otros 274,76 euros por los gastos de limpieza de la zona de acampada en las que estuvieron durante los 18 días de la ocupación de la finca. El alto tribunal les ha absuelto, no obstante, del delito de daños que solicitaba para ellos el abogado del Estado, al no llegar al mínimo de 500 euros que marca la ley.

El resto de acusados, 49, quedan absueltos porque, según explica la sentencia, la Guardia Civil no los identificó en las vigilancias que realizaba diariamente en la finca durante la ocupación. Los guardias solo se limitaron a constatar la presencia habitual allí de Gordillo, Cañamero y los otros tres condenados, a quienes conocían “por su mayor proyección e imagen pública”, dice la sentencia, pero no efectuaron identificaciones del resto de participantes, algo que los jueces creen que habría sido “posible y perfectamente razonable” si se hubieran realizado “reportajes fotográficos o videográficos de diferentes días de la ocupación”, que no se hicieron, reprochan los jueces.

Pese a que fueron unas 500 las personas que iniciaron la ocupación de Las Turquillas, en el municipio sevillano de Osuna, el 24 de julio de 2012, la media diaria que permaneció allí hasta el 10 de agosto, día del desalojo, no pasó de “unas 30 o 40”, indica la sentencia.

Los jueces absuelven a la mayoría de los acusados

El TSJA considera probado el delito de usurpación cometido por los miembros del SAT, capitaneados por Gordillo y Cañamero, porque entraron “sin autorización” en la finca, “forzando sus sistemas de cierre” y realizaron una ocupación con “vocación de permanencia” —frente a anteriores ocupaciones simbólicas que duraron solo unas horas— pues aseguraron a los responsables de la instalación militar que estarían allí “el tiempo necesario hasta conseguir sus objetivos de cesión para explotar la finca”, que “debía ser utilizada por personas del entorno”, pues “estaba improductiva”. Los jueces también creen probada la desobediencia grave a la autoridad de Cañamero y Gordillo, pues desoyeron los reiterados requerimientos tantos de la Guardia Civil como de los responsables militares del recinto, a quienes dijeron que “no se irían voluntariamente, sino que los tendrían que desalojar”.

El 7 de agosto, tras una denuncia del Ejército, el juez de Instrucción 1 de Osuna dictó el “inmediato desalojo” de la finca, pero al comunicárselo la Guardia Civil, Gordillo y Cañamero contestaron que “no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza”. Finalmente, la Guardia Civil pidió refuerzos y el 10 de agosto, cuando se disponía a efectuar el desalojo por la fuerza, los participantes abandonaron la finca.

Diego Cañamero se ha mostrado “indignado” con la sentencia, según Europa Press, y ha anunciado que el SAT la recurrirá al Tribunal Supremo. Cree que la resolución responde a “una consigna del PP y el Gobierno central” y que “estaba dictada de antemano, desde antes de que se celebrara el juicio”.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de IU, quien ha asegurado que la sentencia ha sido una “sorpresa muy desagradable”, informa Antonio J. Mora. “No tiene lógica que nos condenen ahora por algo que llevamos haciendo tantos años”, afirma Gordillo, quien ha negado que desobedecieran la orden de desalojo. “Ni siquiera opusimos resistencia pacífica”, explica antes de señalar que recurrirá la sentencia.