Los empleados de la lavandería impiden que las concesionarias se lleven la ropa

El segundo día de plante de los trabajadores de la Lavandería Hospitalaria Central del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que a partir del 1 de diciembre cobrarán la mitad cuando las concesionarias del servicio, Fundosa Lavanderías Industriales (Flisa) y Lavandería Industrial Laundry Center —ambas del grupo empresarial de la Fundación ONCE— les apliquen el convenio colectivo de las lavanderías industriales de la región, no cambió el parecer de la Comunidad. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, rechazó cualquier responsabilidad insistiendo en que las condiciones del convenio “están pactadas con los sindicatos”. Lasquetty no se mostró dispuesto a revisar los salarios fijados. De los 360 empleados de la lavandería, más de un centenar son fijos de la Administración y el Gobierno regional les podrá reubicar en otros destinos. El futuro del resto de personal, eventuales e interinos, se antoja más crudo con unos sueldos por debajo de 700 euros al mes.

“Primero asfixian y luego privatizan. Y lo hacen dejando totalmente desprotegidos a los trabajadores en unas condiciones inaceptables, permitiendo que les bajen la retribución unilateralmente en un 45%... Esta lavandería podría ser buen modelo de gestión pública pero sencillamente querían privatizarla”, criticó José Manuel Freire, diputado del PSM. Rubén Bejarano (Izquierda Unida), apuntó que “la privatización del servicio traerá como consecuencia la destrucción de 326 puestos de empleo público: 119 ceses con traslado forzoso del personal fijo y 207 eventuales o interinos que se podrán quedar en el centro bajo condiciones inaceptables por parte de la empresa concesionaria”. Enrique Normand, parlamentario de UPyD, consideró que “reducir el 40% el salario de un trabajador no es mejorar la gestión. Bajar el sueldo a un trabajador público de la Sanidad de 1.400-1.000 euros a 800-600 es hablar de empleo precario, cuando el sector público debería ser la referencia en el empleo de calidad y dar ejemplo”. “La privatización se está convirtiendo en el mecanismo de la Comunidad para lavarse las manos de los recortes”, sentenció.

Desde la una de la noche de ayer, dos camiones bloqueaban la entrada a la planta de la lavandería, en Mejorada del Campo. Con esta medida, los empleados del centro pretenden evitar que Flisa pueda llevarse la ropa para lavarla en sus instalaciones. El presidente regional, Ignacio González, aseguró que el servicio “estaba absolutamente garantizado”. Tal y como se comprometió, Flisa recogió la colada de varios hospitales.

De la lavandería salen todos los días unos 22 camiones a recoger la ropa sucia de hospitales de la región para lavarla y llevarla luego de vuelta a la planta. Según los empleados, de todos los hospitales madrileños solo el 12 de Octubre y el Infanta Cristina les entregaron ayer su ropa sucia. “Hay vigilantes que han dicho que la ropa solo se la puede llevar Flisa”, aseguraba un camionero.

La Consejería de Sanidad afirmó ayer por la mañana, que la lavandería estaba operando “a ritmo lento” después del plante que los empleados iniciaron este lunes. Los trabajadores afirman que no se trata de ninguna huelga de celo. “Los ánimos están tan bajos que la gente no puede trabajar igual. Hay muchas mujeres agotadas de llorar después de haber conocido las nuevas condiciones”, apuntó Planet. “Además, hay poca plantilla porque muchos trabajadores están de vacaciones, ya que les han obligado a cogérselas ahora”, continuaba. Los que había presentes mostraban su indignación por el documento que les entregaron representantes de Flisa, en el que no se concretan por escrito las nuevas condiciones de trabajo.

Tras conocer “de forma oral” las condiciones salariales de la concesión, en las que se les recortaba el sueldo a interinos y eventuales los empleados de la lavandería, en su mayoría mujeres, decidieron encerrarse indefinidamente. Unas 40 personas se juntaron para dormir en una sala de la primera planta en la que solo había sillas. “Hemos pensado en traer algunos sacos de dormir para echar alguna cabezadita”, decía Nieves Planet, auxiliar administrativa de la lavandería. “Es lo único que podemos hacer hasta que nos aprueben la huelga que hemos solicitado”, añadía.

En las instalaciones de la lavandería era difícil ver cristales, puertas o paredes desnudas de consignas para protestar contra el proceso de privatización. “Mi dignidad vale más que 640 euros” o “Sanidad 100% pública”, eran algunas de ellas. A muchas de las trabajadoras se les hacía un nudo en la garganta cuando pensaban que tendrán que vivir con 640 euros al mes. “Me gasto 150 euros en gasolina para venir aquí. Si además de eso tengo que pagar la hipoteca y con el marido en el paro...”, se angustiaba Pilar Martín Fuentes, de 50 años.