Plante de trabajadores de la lavandería que da servicio a los hospitales de Madrid
La nueva adjudicataria del servicio ha comunicado rebajas en los salarios de hasta el 46% Sanidad destaca que no se ha convocado huelga y que la actividad se llevará a otra planta
Los trabajadores de la lavandería hospitalaria central del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) iniciaron ayer un plante indefinido tras conocer las condiciones salariales que les aplicarán a partir del 1 de diciembre las adjudicatarias del servicio: Fundosa Lavanderías Industriales (Flisa) y Lavandería Industrial Laundry Center, ambas del grupo empresarial de la Fundación ONCE. La Comunidad aprobó el pasado 3 de octubre la concesión del servicio, que afecta a 19 hospitales, por un importe de 45,9 millones de euros. El Gobierno de Ignacio González calcula que se ahorrará 36 millones de euros con la externalización y centralización de las labores de lavandería.
“Nos quieren bajar el sueldo a la mitad, así que hemos interrumpido la planta de producción a las cuatro de la tarde, y por la noche no va a salir ningún camión a recoger la ropa sucia de los hospitales”, afirmaba Francisco Ronco, presidente de la Asociación de Empleados de Lavandería Hospitalaria. Como ejemplos, indicaba que un celador pasará a cobrar 600 euros mensuales frente a los 1.100 actuales, por los 680 euros en que se quedaría el salario de un mecánico de mantenimiento o de un conductor de camión, que perciben 1.400 euros. Ronco denunció que no les habían dado las condiciones “por escrito, sino de viva voz”, y que los representantes de la concesionaria les instaban “a firmar un precontrato en blanco”. Un portavoz de Flisa indicó que aplicarán el convenio colectivo de las lavanderías industriales de la región, “de la misma manera que viene haciendo en las que ya tiene”. “No les bajamos el contrato, les aplicamos el convenio”, apostilló.
El inicio de la protesta coincidió con la presencia de representantes de Flisa en la planta de la lavandería central, en Mejorada del Campo. En tres despachos, iban recibiendo a los empleados y comunicándoles los cambios. De los 360 trabajadores de la lavandería central, más de un centenar son fijos de la Administración. A ellos, la Comunidad les podrá reubicar en otros destinos. El resto son eventuales e interinos.
Con 27 lavanderías industriales propias, Flisa cuenta con más de 3.000 trabajadores, de los cuales más del 86% son personas con discapacidad. La Comunidad apuntó que la ONCE se ha comprometido a asumir toda la ropa sucia y lavarla en sus lavanderías mientras dure el plante. “Ningún hospital se va a ver afectado”, afirmó una portavoz de la Consejería de Sanidad.
Según establece en los pliegos del contrato, el Gobierno regional obliga a la adjudicataria a contratar al personal estatutario interino y eventual, “siempre que voluntariamente lo soliciten”. “La Comunidad pone como condición que mantenga a toda la plantilla, de 360 trabajadores, pero lo que no detalla son las condiciones”, critica Ronco.
El pasado 1 de agosto, coincidiendo con el último Consejo de Gobierno antes de las vacaciones de agosto, el Ejecutivo madrileño aprobó el nuevo contrato de servicios de lavandería de ropa hospitalaria para centros dependientes del Sermas. Lo hizo para un periodo de 48 meses por 47,5 millones, cifra que la adjudicataria ha rebajado en millón y medio de euros. El canon anual que deberá abonar la concesionaria es 521.139,6 euros por el uso de las instalaciones y el equipamiento de la lavandería central; esto es, 2.084.558,4 euros por los cuatro años de vigencia del contrato.
El contrato engloba los servicios de lavandería de todos los hospitales de la red pública con gestión directa: La Paz, Cantoblanco, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, La Princesa, Santa Cristina, Carlos III, Niño Jesús, Cruz Roja, Virgen de la Torre, La Fuenfría, Getafe, Móstoles, Severo Ochoa, Príncipe de Asturias, El Escorial y Guadarrama. Fuera se quedan los hospitales psiquiátricos José Germain y Rodríguez Lafora, “por emplear ropa distinta a la del resto de centros”, y el hospital Virgen de la Poveda, “por motivos de transporte”, explica la Comunidad.
La unificación de compra de bienes y servicios (limpieza, seguridad y lavandería en hospitales), estimada en 114,6 millones, supone una reducción de siete millones respecto a 2013 (5,79%), recogen los presupuestos regionales para 2014.
Máquinas paradas y fardos de ropa amontonada
El aspecto que presentaba ayer por la tarde la lavandería hospitalaria central era desolador. Grandes máquinas adaptadas para lavar 35.000 kilos diarios de ropa procedente de 19 hospitales estaban paradas. En grandes bolsones se amontonaban almohadas, sábanas, pijamas y ropa quirúrgica. Fuera, los empleados, que decidieron parar la producción desde las cinco de la tarde, descargaban los camiones procedentes de distintos centros y acumulaban los contenedores de ropa sucia en el aparcamiento.
Los empleados se reunieron con carácter urgente con la dirección y decidieron parar la producción a la vista de “las pésimas condiciones que les ofrece la concesionaria”.
“Somos la lavandería hospitalaria más grande de Europa y la que tiene unos estándares de calidad más altos. Ahora, ¿qué pretenden, tirar los precios y dejar la ropa menos limpia?”, protestaba la secretaria de la Asociación de Trabajadores, Ana María López Regalado. “La culpa de todo esto la tiene la Consejería de Sanidad que sabían que íbamos a cobrar 640 euros al mes frente a los 1.050 que tenemos ahora en la nómina”, añadió López Regalado.
Según los trabajadores, el precio de kilo de ropa limpio cuesta 1,22 euros. Pero ello se debe a los productos de primera calidad (desinfectantes, agua oxigenada, detergentes y suavizantes, entre otros) que utilizan. Además, las prendas se planchan a 185 grados para eliminar todas las baterías, se doblan y se meten en plásticos. “En los hospitales que no atendemos nosotros no se da este servicio”, argumentan los empleados. Las nuevas instalaciones se inauguraron en 1996.
Los trabajadores echaron ayer a la responsable de recursos humanos de la adjudicataria del concurso. Se quejaron a ella de la enorme bajada que les supondrá el pasar a la nueva empresa. “¿Cómo pretenden que les digamos si nos interesa o no ese contrato cuando nos van a dejar con el salario mínimo interprofesional? Quieren abaratar y lo van a hacer con nuestros sueldos”, se quejaron los trabajadores.
Dentro de la plantilla también hay personal estatutario que pertenece al Sermas. A estos les han ofrecido cambiarse a otros centros, entre ellos hospitales. Es el caso de Mercedes Pampliega, una celadora separada y con dos niños que, pese a vivir en Mejorada del Campo, le ha correspondido el hospital 12 de Octubre, a una hora de trayecto desde su casa.
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