El Ayuntamiento omitió que hubo riesgo sanitario en la huelga de barrenderos

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), no aceptó el pasado miércoles, durante una comparecencia ante los medios, que existiera riesgo para la salud de los ciudadanos debido a la huelga de barrenderos. Pero apenas 48 horas después, el área municipal de Medio Ambiente declaró mediante decreto “una situación de extraordinaria y urgente necesidad” debido al “riesgo para la sanidad ambiental” y “riesgo para la salud de las personas que viven y visitan” la ciudad. Sin embargo, el Ayuntamiento silenció esa situación.

 Hasta hoy.

Entre el viernes y hoy no se la comunicó a los ciudadanos, ni emitió una alerta preventiva para “menores, enfermos, ancianos o personas con discapacidad”, los más afectados según el propio decreto. Tampoco alertó de que se había detectado un incremento de insectos y ratas por los desperdicios acumulados en las calles.

El decreto se ha conocido hoy, cuatro días después, al ser publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM). ¿Para qué sirvió entonces detectar riesgo sanitario si los ciudadanos no se enteraron ni pudieron tomar medidas preventivas? Porque justificó legalmente la intervención de la empresa Tragsa para realizar el trabajo de los barrenderos.

El Ayuntamiento afirma en el decreto que existe “una acumulación excesiva de residuos y suciedad”, y culpa de ello al incumplimiento de los servicios mínimos. La huelga comenzó el día 5 y acabó el pasado domingo, tras un acuerdo de concesionarias (OHL, Ferrovial, Sacyr y FCC) y sindicatos (CC OO, UGT y CGT). Los servicios mínimos exigían que trabajaran cuatro de cada diez barrenderos. Según el Ayuntamiento, apenas lo hicieron tres de cada diez. Además, según el decreto, la llegada de residuos al vertedero de Valdemingómez procedentes de la limpieza viaria cayó un 90%.

Botella dio 48 horas a las concesionarias para respetar los servicios mínimos. Cuando expiró el plazo, a las cinco de la tarde del pasado viernes, denunció su incumplimiento ante la justicia, y ordenó la intervención de Tragsa.

Para lo primero, el edil de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, acudió a las siete de la tarde en persona a los juzgados de plaza de Castilla. Horas después, a las cinco de la madrugada, la propia Botella supervisó el despliegue de Tragsa. Sin embargo, en ningún momento se comunicó a los ciudadanos la “situación de extraordinaria y urgente necesidad”, ni el riesgo que existía para su salud. De hecho, el Ayuntamiento negó reiteradamente a EL PAÍS los informes a partir de los cuales se tomó esa decisión, alegando que no había riesgo sanitario ni necesidad de crear alarma social.

Esos informes, elaborados por el organismo municipal Madrid Salud, que es quien tiene las competencias de salud pública en la capital, alertaban de “un deterioro importante de la sanidad ambiental”. De hecho, la finalidad de la intervención de Tragsa era, según el decreto, “la recuperación de las condiciones de higiene y salubridad con especial urgencia”. “La acumulación de gran cantidad de suciedad y residuos” en “calzadas, aceras y zonas de juegos infantiles” provocó “el aumento de la proliferación de vectores-plaga” (ratas, insectos, etcétera).

Y añade el decreto: “Todo ello está suponiendo un riesgo para la sanidad ambiental de determinada zonas de la ciudad especialmente sensibles por la densidad de población expuesta o por el mayor riesgo de exposición a población especialmente vulnerable, e implicando un riesgo para la salud de las personas que viven o visitan nuestra ciudad y, especialmente, para aquellas en situación de especial protección como son menores, enfermos, ancianos, personas con discapacidad o diversidad funcional”.

¿Por qué no se informó de ello a la ciudadanía? El Ayuntamiento alega como prueba de que no lo ocultó es que se publicara hoy en el BOAM (cuatro días después de dictarse el decreto y una vez acabada ya la huelga). Niega, además, que declarara la alerta sanitaria y señala que nunca dijo que no hubiera riesgo para la salud, pese a las declaraciones de Botella en ese sentido.

Esta mañana, en su intervención ante la comisión de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito reiteró que “existió un intento deliberado para que las calles estuvieran en el peor estado”. “Pretendieron llevaron a Madrid al límite pero no lo consiguieron. El Ayuntamiento ha hecho lo que tenía que hacer, defender los derechos de los ciudadanos, y su actuación ha sido decisiva para resolver el conflicto”, añadió el concejal.

El edil de UPyD Jaime de Berenguer le acusó de “liarla parda”, “desviando luego el foco hacia las personas que hicieron huelga”. Denunció la “inacción y falta de liderazgo” de Botella, y consideró que los madrileños son “prisioneros” de la gestión del PP, que “ha quebrado la ciudad” construyendo “edificios innecesarios” y ahora “no tiene dinero para limpiar, un servicio básico”.

Raquel López (IU) recordó que había advertido “23 veces” al Ayuntamiento de que el contrato de limpieza viaria provocaría un conflicto como el que ha atenazado a la ciudad en las últimas dos semanas, debido a la “rebaja temeraria” en el pago a las concesionarias. “La culpa es de ustedes, no de los trabajadores. Es una vergüenza que intentaran transgredir el derecho de huelga”, añadió en referencia a la intervención de Tragsa.

El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, que ya avisó la semana pasada del posible riesgo sanitario, tachó de “gravísima irresponsabilidad” que no se informara a la ciudadanía, algo “injustificable”, en su opinión. Botella “ha jugado con la salud de los madrileños”, añadió. “Debería haber informado del riesgo para la salud, como lo hace cuando hay contaminación excesiva. La alcaldesa tiene que dimitir”, zanjó Lissavetzky.