El PP dice que reducir 14 escaños es un pequeño ajuste que no precisa consenso

El 25 de enero de 2006, el entonces líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, concluyó al salir de una reunión con el que era vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana: “La reforma de la ley electoral es un asunto estratégico que solo puede abordarse por unanimidad”. Respondía así el recién reelegido presidente del PP a la intención del Gobierno bipartito de cambiar el peso electoral de las provincias para que no primasen tanto los votos de Ourense y Lugo. El entonces presidente, Emilio Pérez Touriño, ante la falta de acuerdo entre los partidos, declinó modificar la ley e incumplió uno de los puntos del acuerdo de Gobierno firmado por PSdeG y Bloque.

 De aquello hace casi siete años. Feijóo es presidente y ya no solo no considera que las reglas del juego haya que pactarlas entre todos sino que ha convertido el recorte de 14 de los 75 diputados en la principal urgencia de Galicia. A pesar de que quedan tres años para las autonómicas (que se celebrarán a finales de 2016 si no hay adelanto), el presidente ha dado un ultimátum de semanas al resto de partidos para acometer la reforma. Si la oposición no se pliega a su plan para suprimir esos 14 escaños, lo hará en solitario antes de final de año. Según repiten, uno tras otro, los dirigentes del PP, les obliga el programa electoral. Por delante de los contratos de Pemex, del plan para la recuperación económica que Feijóo prometió hace ahora un año, lo que corre prisa, según esta tesis, es aprobar una reducción de diputados que no verá la luz hasta la próxima legislatura.

El portavoz del grupo parlamentario del PP, Pedro Puy, replicó ayer los argumentos de su partido. Y no vio contradicción alguna entre las palabras de Feijóo en la oposición y en el Gobierno. “Han cambiado muchas cosas, entre ellas la crisis, y el Parlamento debe acompañar a la sociedad en los esfuerzos que está haciendo”, sostuvo Puy, quien calificó el recorte de 75 diputados como un “pequeño ajuste que no altera la democracia”. El portavoz del PP insistió en que la medida conllevará un ahorro de cinco millones de euros por legislatura y celebró que el nuevo líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, esté “dispuesto a hablar”.

En realidad, lo que dijo el secretario general socialista tras reunirse con Feijóo, el pasado viernes, fue que cambiar la ley electoral debe hacerse “por consenso” (tanto BNG como AGE ya se han negado de plano a afrontar los cambios) y pedir que se abordasen otros aspectos para buscar un sistema más proporcional y que facilite la participación que reclama la ciudadanía en las instituciones, con cambios que agilicen las iniciativas legislativas populares. Ayer, el portavoz socialista, José Luis Méndez Romeu, aseguró que cuando la Xunta presente un texto, los socialistas emitirán su opinión.

Romeu anunció que el PSdeG volverá a pedir nuevamente (el presidente siempre se ha negado hasta ahora) la comparecencia parlamentaria de Feijóo para que explique por qué sigue negándose a enviar al Parlamento los contratos de suministro de combustible y equipos informáticos a los hospitales públicos entre los años 1992 y 1998, cuando el actual presidente dirigía el Sergas y frecuentaba la amistad del contrabandista Marcial Dorado. Todos los grupos de la oposición los han solicitado puesto que sospechan que el entramado empresarial del capo pudo contratar con la Administración durante aquellas épocas en que Dorado paseaba a Feijóo en yate. Puy afirmó que el Gobierno gallego “remitió toda la documentación”. “Doy por cumplida esa demanda, lo contrario es presumir que existen cosas que no existen”. La pregunta de si durante esa época los hospitales dependientes de Feijóo no contrataron entonces ningún suministro de combustible o de equipos informáticos quedó sin responder.