Castedo maniobró para controlar el urbanismo antes del ‘caso Brugal’

Cuando el lunes de la semana pasada se divulgó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que obligaba al Ayuntamiento de Alicante a readmitir a un funcionario destituido en julio de 2007 como jefe jurídico de la Gerencia de Urbanismo, una decena de altos empleados municipales encajó la resolución como un triunfo. Desde que Sonia Castedo tomó las riendas del desarrollo de la ciudad, primero como concejala (2003) y después como alcaldesa (2008), los técnicos críticos fueron desplazados. Solo uno de la Gerencia de Urbanismo ha ganado en los tribunales, Felip Lozano Vidal. El resto, guarda un resignado silencio. Las degradaciones comportan tijeretazos de 300 euros mensuales.

La "purga", como coinciden varias fuentes, se desarrolló en tres tandas con similar esquema. Funcionarios con más de una década de experiencia en el cargo, prestigio y sin mácula en el expediente fueron sustituidos por interinos. “Son más manejables porque firman lo que les pongan delante para no perder su trabajo”, explica un abogado conocedor de los cambios en este Ayuntamiento investigado por el caso Brugal, presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para favorecer al constructor Enrique Ortiz de un pelotazo de 120 millones. El empresario, Castedo y su antecesor del PP, Luis Díaz Alperi, están imputados.

Fue en 2003 cuando la actual alcaldesa desembarcó en la Concejalía de Urbanismo. El arquitecto catalán Lluís Cantallops elaboraba entonces el PGOU. El proyectista discrepó con el alcalde Díaz Alperi a cuenta del Plan Rabassa, un macroproyecto de 13.505 viviendas impulsado por Ortiz. Los técnicos que respaldaron al arquitecto fueron desplazados. Y Cantallops, sustituido por los alcoyanos Jornet y Picó y, después por Jesús Quesada, que está imputado en el caso Brugal.

"Los trabajadores desplazados se creían su función", dice el abogado de EU

El organigrama de la Gerencia de Urbanismo sufría sus primeros retoques. “Se cambió a un auxiliar y al supervisor municipal del PGOU, un técnico prestigioso, que ahora se dedica a repasar planos menores como el cruce de dos calles”, afirma una fuente que ha seguido el “calvario” de los dos funcionarios destituidos en 2003. Estos trabajadores, sostiene, sufrieron mobbing. Ninguno quiere hablar. Un exconcejal del PP explica el silencio: “Tienen miedo. Si largan o no se avienen a las decisiones pueden tener problemas”.

Cinco años después llegaría un movimiento estratégico, según varias fuentes. Un retoque en la Gerencia coincidiendo en el calendario con la recta final de la tramitación del PGOU bajo sospecha: entre mayo de 2008 y junio de 2010. Las interinas María Ángeles de la Sierra-Llamazares e Isabel Campos García, consideradas de la máxima confianza de Castedo, alcanzaban la cima de este departamento con un centenar de empleados y un presupuesto el pasado año de seis millones de euros. Las nuevas jefas aterrizaron en octubre de 2008 en el área responsable de la disciplina urbanística y la tramitación planes parciales, como el polémico Rabassa. Su desembarcó degradó al histórico funcionario Miguel Ángel Cano, redactor del plan de 1987 y con fama de técnico insobornable.

La ungida por Castedo, Campos, aparece en los pinchazos policiales del caso Brugal como receptora de un bolso de Ortiz. El empresario instó a esta empleada a agilizar la tramitación de Rabassa para que llegase “al próximo pleno”.

“Los trabajadores desplazados por las interinas se creían su función. No se casaban con nadie y acumulaban décadas de experiencia”, asegura el abogado de EU, José Luis Romero. Elena Martín, concejala del PSPV, añade otra clave: “Castedo ejerce un férreo control sobre las áreas importantes: Urbanismo y Atención Urbana, donde están las grandes contratas del Ayuntamiento”. La socialista se refiere con sinceridad aplastante a la connivencia de Ortiz con los regidores de PP. “A Díaz Alperi se le conoce con el alias de Luis XV porque se le atribuye que se llevaba el 15% [de las contratas]”.

La Gerencia de Urbanismo fue absorbida por la Concejalía el pasado año. “Los cambios siempre se hacen para mejorar el funcionamiento del área”, indica la concejala de Urbanismo Marta García-Romeu, que lleva dos años en el cargo y declina valorar los polémicos nombramientos de 2008.