El fin de la huelga se ensucia

Tras una madrugada de vértigo en la que se vislumbraba una solución para las basuras que emponzoñan las calles de Madrid, la amenaza de una huelga de limpieza viaria sin final a la vista volvió a tomar fuerza ayer. Los sindicatos (UGT, CC OO, CGT, USO y CSIF) y las concesionarias (OHL, Sacyr y FCC) tenían pendiente una segunda reunión que comenzó por la mañana en la Inspección de Trabajo y se complicó a lo largo del día. Los representantes de Comisiones se levantaron de la mesa de negociación al considerar que “cada oferta [de las concesionarias] era peor que la anterior”, aunque luego volvieron a unirse. El plazo de un mes de negociación del ERE expiró a medianoche sin acuerdo. La decisión de formalizarlo o seguir negociando queda en manos de las empresas, que no aclararon qué camino van a tomar ahora.

Los 200 operarios de Tragsa, la empresa estatal contratada por el Ayuntamiento, empezaron a quitar la madrugada del sábado los desechos por las calles del centro, organizados en turnos de ocho horas y con un fuerte dispositivo policial a sus espaldas. Los primeros operarios de la empresa estatal salieron a limpiar el centro con material nuevo y uniformes relucientes escoltados con un fuerte despliegue de Policía Municipal formado por 600 agentes. Las bajas temperaturas y el preacuerdo frenaron los incidentes con los piquetes congregados en distintos cantones (centros de trabajo) de la capital.

Una cuadrilla de 200 personas —de los que 110 fueron contratados por ETT— retiraron más de 460 toneladas de desperdicios, según las cifras facilitadas por el Ayuntamiento. El Gobierno municipal de Ana Botella denunció el viernes el incumplimiento de los servicios mínimos en la Fiscalía (que no se han respetado ni un solo día de las protestas, según sus estimaciones) y advirtió de que el equipo de Tragsa seguirá actuando mientras no se alcance un acuerdo, que ayer volvió a quedar lejos tras un primer avance.

En la madrugada del sábado, centrales y patronal cerraron el primer escollo y acordaran las grandes líneas del convenio del sector de limpieza viaria, tras 11 jornadas de huelga. El acuerdo, que todavía deben ratificar los trabajadores, implica cinco años de congelación salarial —de 2013 hasta 2017— y el abono de las retribuciones atrasadas.

Era un primer paso hacia adelante condicionado a lo que ocurriera ayer. Las centrales habían advertido que no permitirían ni despidos ni rebajas salariales para la plantilla. Del otro lado, las concesionarias actúan con un margen estrecho de maniobra tras asumir un contrato municipal que el Ayuntamiento de Madrid acabó reduciendo más del 26%, de los 2.500 millones que costaba la gestión de la limpieza y el cuidado de los jardines en la capital antes de los nuevos pliegos a 1.943 millones de euros de la adjudicación final.

Pese a todo, ambas partes esperaban que la segunda reunión fuera “más sencilla”. Lo dijo Juan Carlos del Río (UGT) y lo deseó también Francisco Jardón, presidente de Aselip, la patronal de la limpieza viaria.

Pero la reunión sobre los ERE que afectan a tres de las cuatro concesionarias de limpieza, cuyo plazo de negociación terminaba ayer, quedó encallada tras un día entero de reuniones, idas, venidas, recesos y desencuentros. Las concesionarias anunciaron por la mañana una retirada de los despidos —que inicialmente cifraron en 1.134 para más de 6.000 empleados— a cambio de distintas medidas. Entre ellas, un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a toda la plantilla de 45 días anuales durante cuatro años, eliminar las pagas extraordinarias o supeditarlas a conseguir los criterios de calidad que fija el Ayuntamiento [que aplica descuentos económicos a las empresas en caso de que no se cumplan] o reducciones de sueldo del 8% para los jardineros y del 5,9% en el caso de los barrenderos, según fueron detallando distintas fuentes sindicales a lo largo del día.

Las centrales consideraron “insuficiente” la propuesta, que tildaron de “intento de deshacer” el pacto alcanzado el día antes con el acuerdo del convenio. Acusaron a las concesionarias de intentar reducir hasta un 40% las condiciones salariales actuales de la plantilla. Las empresas declinaron ofrecer detalles de las ofertas durante la negociación y tampoco aclararon qué medidas van a poner en marcha una vez expirado el plazo para formalizar el ERE.