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El Consell pagó con dinero público cursos de alta dirección a consejeros

Fabra, Ciscar, Català y Rosado recibieron clases para explicar el ‘decreto Vela’

Presidencia dice que el precio fue ajustado y que la situación era excepcional

Reconocimiento de pago de la Generalitat.
Reconocimiento de pago de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no es el único miembro del Consell que necesita cursos de alta dirección para mejorar su liderazgo y transmitir mejor sus mensajes a la opinión pública. Ni es el único que ha recibido formación a cuenta de las arcas públicas.

En marzo de 2012, ante los problemas que tenían los principales miembros del Ejecutivo de Fabra para explicar los recortes aprobados a principios de enero —el denominado decreto Vela que recortaba los salarios de los empleados públicos y las prestaciones en sanidad y educación— la Consejería de Presidencia decidió contratar un curso de comunicación para un reducido número de consejeros.

Fabra, su vicepresidente José Ciscar y los entonces titulares de Sanidad y Educación Luis Rosado y María José Català fueron los principales beneficiarios de unas clases específicas para mejorar la manera de explicar los recortes y minimizar el impacto de los mismos en la opinión pública.

La Generalitat Valenciana pagó 826 euros por cada hora de un curso de comunicación a la consultora madrileña Instituto de Comunicación Empresarial (ICM). Las clases se impartieron en el segundo semestre de 2012 en Valencia durante cuatro sesiones de cuatro horas de duración. El curso costó a las arcas públicas 13.216 euros (IVA incluido) y se adjudicó mediante un contrato menor, sin publicidad ni concurso público, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

La idea del curso surgió el 15 de marzo de 2012 del gabinete del vicepresidente del Consell, José Ciscar. El entonces responsable de prensa José Santamans —hoy director general de Relaciones Informativas— firmó ese día una propuesta para pedir la aprobación del gasto, 13.216 euros. Y propuso al entonces subsecretario de Presidencia Jesús Marí la adjudicación del contrato con la consultora de comunicación. Presidencia autorizó el desembolso el 29 de junio de 2012 bajo el epígrafe “Publicidad y propaganda”.

La campaña que fulminó a Vivancos

J. G. / J. F., Valencia

Desde que asumió la presidencia de la Generalitat, Alberto Fabra, no ha existido ninguna semana en la que el Consell no estuviese a punto de zozobrar. El año pasado, el decreto ley del 5 de enero (popularizado como decreto Vela) materializó los mayores recortes de la historia de la Generalitat.

Para contrarrestar el efecto sobre la opinión pública, Presidencia ideó una prolongada campaña de comunicación en dos fases. La primera de ellas, bautizada como Cap avant se marcó como objetivo informar sobre las medidas “de ahorro” y recabar las sugerencias y opiniones de los valencianos sobre dónde se podría ahorrar.

La segunda fase, bautizada como Responem consistió en sacar al centenar de altos cargos del Consell a predicar por ciudades y pueblos las bondades de unos recortes cercanos a los 1.000 millones de euros.

Una de esas reuniones, celebrada en mayo de 2012, le costó el puesto al director de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva Mariano Vivancos, quien en un acto con público en Ontinyent se refirió a los profesores como “talibanes” al referirse a su resistencia a los recortes decretados.

El vicepresidente del Gobierno, José Ciscar, justificó la destitución de Vivancos porque “algunas de las expresiones vertidas en un acto institucional sobre el profesorado no se ajustan a la realidad y no son adecuadas”. “La Generalitat no quiere que se produzcan ese tipo de expresiones”, explicó entonces el portavoz del Ejecutivo valenciano. Probablemente, la razón por la que se contrataron cursos de alta dirección para los consejeros.

Presidencia explicó que la contratación con ICM, una firma de reconocida solvencia, se realizó en el marco de la campaña Responem, por la que se decidió que los altos cargos del Consell explicasen personalmente y en actos abiertos al público los recortes realizados, fundamentalmente en las áreas de sanidad y educación.

El taller Habilidades de Comunicación se impartió para “conocer, entrenar y mejorar las habilidades” de los altos cargos de Presidencia. Los profesores ofrecieron durante el curso pautas “individualizadas”, exhibieron vídeos y diagnosticaron fallos de los dirigentes políticos. Se ejercitó la “correcta proyección de la voz”, según una memoria posterior que Santamans remitió el 14 de septiembre de 2012 al secretario general administrativo de la Generalitat, José Busó, para propiciar el pago.

Santamans justificó la decisión de contratar a la consultora porque una iniciativa como la de Responem “no se había hecho nunca”. “Pedimos asesoramiento porque queríamos que nos ayudasen a gestionar situaciones incómodas”, argumentó Santamans, que señaló que, a pesar de todo, “hubo momentos de tensión y se profirieron insultos en alguna de las reuniones realizadas en 320 municipios”. “El precio fue muy ajustado”, remachó el ahora director general de Relaciones Informativas.

La firma Instituto de Comunicación Empresarial, que dirige el periodista Manuel Campo Vidal, declinó “confirmar o desmentir” haber impartido el curso apelando a la confidencialidad con sus clientes —cuya relación se niegan a revelar— y a la Ley de Protección de Datos. La consultora ofrece cursos para aprender a hablar en público, talleres para reforzar el liderazgo y “para superar el miedo escénico”. Sus clientes son, principalmente, empresas e instituciones públicas según explicó su portavoz, Daniel Rodríguez.

El curso fue el primer trabajo prestado por esta a firma de Campo Vidal al Consell que preside Alberto Fabra. La empresa no estaba dada de alta en el sistema contable de la Generalitat (CONTAG), como advirtió el jefe de servicio de Programación y Gestión Económica del Consell, Julián Delgado.

La experiencia no resultó especialmente satisfactoria para el presidente de la Generalitat a quien le aconsejaron, el pasado mes de mayo, la contratación de un asesor personal que mejorase sus dotes de liderazgo.

La filtración de que Presidencia pensaba costear con cargo al presupuesto público la contratación de un coach por importe de casi 21.000 euros levantó una enorme polvareda y obligó a Fabra a ordenar la rescisión del contrato. El jefe del Consell indicó que continuaría con la formación con cargo a su propio bolsillo.

El escándalo provocó no obstante la salida el pasado mes de septiembre del subsecretario de Presidencia Jesús Marí y una reordenación de competencias en el equipo del presidente que otorgó mayor poder a Esther Pastor, ascendida a secretaria autonómica de Organización, pese a que había firmado la propuesta de contratación del coach.

Tras el escándalo del preparador, una filtración posterior desveló que, en plena oleada de recortes, Presidencia había contratado un cocinero.

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