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El PSOE denuncia al Constitucional el cierre de Canal 9 a espaldas de las Cortes

El consejo de administración nombra presidente al director Ernesto Moreno

El partido socialista recurrió este jueves el cierre de la radio televisión pública valenciana ante el Tribunal Constitucional. Los socialistas no se resignan a tener que optar entre “pan y cultura”, y volver a esta disyuntiva propia del siglo XIX: “Queremos las dos cosas, pan y cultura para la sociedad”, afirmó el diputado y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig. Este formó parte de la delegación que, encabezada por la portavoz parlamentaria Soraya Rodríguez, llevó el recurso hasta las puertas del tribunal. El presidente valenciano, Alberto Fabra, ha dicho que si no clausura la radio y la televisión tendrá que cerrar hospitales y colegios.

Los redactores del recurso evocan todos los argumentos que ofrece la Constitución para evitar el cierre de la cadena. El artículo 20 de la Ley Fundamental, que consagra el derecho a la información, se esgrime también en la parte que exige el control parlamentario de los entes públicos de comunicación. Este mandato se habría vulnerado con el decreto ley del Gobierno valenciano, lo que supone una actuación “ilegal”, además de “dictatorial”, acusó la dirigente parlamentaria socialista. Junto a ella, además de Puig, acudieron los diputados Carmen Montón y José Luis Ábalos, así como lo senadores Joan Lerma y José María Ángel, todos representantes socialistas valencianos en las Cortes Generales.

El recurso incluye una de las quejas habituales de la oposición durante esta legislatura. Se trata del uso que el Gobierno, central o autonómico puede hacer del decreto ley, que impide el debate parlamentario. El artículo 86.1 de la Carta Magna especifica que tomar decisiones por decreto siempre debe responder a necesidades urgentes y razones extraordinarias. Asimismo, con el decreto se evita la elección del nuevo director general a través del Parlamento de la comunidad. “Todo ilegal”, insisten los legisladores socialistas.

La batalla contra el cierre de la televisión valenciana se va a dar en esa comunidad con enorme intensidad pero también en las Cortes Generales, aunque poco se puede hacer desde el Congreso y el Senado, salvo preguntar e interpelar al Gobierno central, que es del mismo color ideológico que el valenciano. Las comunidades autónomas tienen potestad sobre sus televisiones públicas. Desde que empezó la crisis económica, solo han cerrado en Europa dos televisiones públicas, recordó el secretario general de los socialistas valenciano, Ximo Puig: “La griega y la valenciana”.

Por otra parte, este jueves se celebró el primer consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), después del decreto ley urgente que decretó el Consell para cubrir las dimisiones de los anteriores miembros designados por el PP con nuevos consejeros nombrados para liquidar RTVV. La mayoría de los populares se impuso y se designó como nuevo presidente del órgano al recién nombrado director general del ente, Ernesto Moreno, y se renovó parte del organigrama. De recursos humanos se hará cargo Manuel Sáiz; de la asesoría jurídica, David González, y Perpetua Beltrán estará al frente de la comunicación, todos ellos son personal laboral fijo de la casa.

Los consejeros de la oposición denunciaron la “enorme farsa" de la reunión, dado que los cinco nuevos consejeros no constan aún en el registro mercantil ni han formalizado los "trámites legales de aceptación de los cargos" más allá del decreto. La reunión fue esperpéntica por el escaso conocimiento mostrado por los nuevos consejeros, según un representante de la oposición. Esta presentó una batería de iniciativas para conocer las cuentas o la situación patrimonial de la entidad. La mayoría desplazó estas cuestiones a la próxima reunión.