La Xunta amenaza con expropiar el uso de todas las fincas no cultivadas

Medio Rural prevé multas de 3.000 euros por terrenos con riesgo e incendio

El presidente de la Xunta junto a la conselleira
El presidente de la Xunta junto a la conselleira ÓSCAR CORRAL

 El Gobierno gallego quiere poner a producir todas las tierras que surgieron tras décadas de concentración parcelaria y aún están baldías. Y pretende hacerlo por ley. Con la amenaza de expropiar el uso de todas aquellas parcelas abandonadas para incluirlas en el Banco de Tierras y ponerlas así a disposición de agricultores o ganaderos que sí quieran trabajarlas a cambio de un alquiler que recibirá el propietario de los terrenos. Lo anunció ayer el presidente, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal de su Gobierno.

El texto debe pasar todavía por el Consello forestal y el Consello Agrario antes de su aprobación definitiva para remitirlo al Parlamento. Pero el aviso del Gobierno es tajante: los propietarios de parcelas abandonadas (sin cultivar, no necesariamente a monte) tendrán tres opciones: trabajarlas, arrendarlas a alguien que quiera sacarles partido o incluirlas en el Banco de Terras, un instrumento ideado por la Xunta para hacer de intermediario entre particulares.

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La Consellería de Medio Rural también contempla sanciones a los dueños de las fincas baldías que oscilarán de 300 a 3.000 euros. La graduación de las multas dependerá del riesgo de incendio que entrañe el estado de la superficie abandonada. La norma de la Xunta atañe también a los perímetros de los núcleos rurales, fincas en el entorno de urbanizaciones que verano tras verano son pasto de las llamas y que tendrán las mismas obligaciones.

De momento, el Gobierno gallego no ha facilitado la letra pequeña de la futura norma que prevé llevar a la Cámara autónoma en cuestión de semanas. Pero tanto el presidente como la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, como Feijóo avanzaron las líneas maestras de lo que pretenden que sea la ley que sustituya a un viejo texto de 1985, que, según advirtieron ambos, no está adaptado a las directivas comunitarias.

El anteproyecto prevé reducir el papeleo pero también los tiempos de la concentración parcelaria. Según Rosa Quintana, estos procesos venían tardando “entre 10 y 20 años”. Y prevé cambiar también la filosofía: si hasta la fecha lo esencial era reunir extensiones de terreno en manos de un solo propietario, ahora se primarán los usos y la rentabilidad de las finca, de forma que se facilite el desarrollo de las explotaciones agropecuarias. “Es una pena que en Galicia la gente se marche fuera a buscar trabajo cuando el mundo rural tiene muchas posibilidades”, advirtió Quintana.

Los planes del Gobierno gallego anunciados ayer pasan también por realizar un estudio edafológico para determinar las propiedades de la tierra y comprobar qué usos se adaptan mejor. La idea es que cualquier particular pueda acercarse a una ventanilla de la Xunta y consultar las posibilidades que le ofrece el sector primario ya con mapas de usos y fincas disponibles. La conselleira avanzó también que 102 procesos de contratación parcelaria previstos, pero que no han sido objeto de ningún trámite, quedan definitivamente paralizados. Y que la prioridad en el futuro ya no va a ser construir más pistas para acceder a las explotaciones sino mejorar su rendimiento.

En la práctica, la expropiación del uso de los terrenos yermos puede producirse por varias vías. La Administración, de oficio, puede ponerse en contacto con representantes de las concentraciones parcelarias o propietarios de las fincas para advertirlos de su obligación de poner en rendimiento sus terrenos. Pero también puede ser un tercero el que acuda a la Xunta a interesarse por fincas abandonadas e iniciar el procedimiento. Fuentes del Gobierno gallego explican, no obstante, que toda la tramitación se hará dando audiencia a los interesados y “con todas las garantías”.

Feijóo aseguró que se trata de una “norma ambiciosa” que persigue fijar población en el campo y frenar el drama anual de los incendios forestales. Y puso como ejemplo esta futura norma legislativa entre los acuerdos que prevé plantear hoy en su reunión con el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. En esa cita, la primera que se produce entre ambos líderes desde que Besteiro sucedió a Pachi Vázquez, a finales de septiembre, planteará el presidente también la enésima reforma de la ley del suelo. Desde mucho antes de que Pachi Vázquez dejase la secretaría general del PSdeG viene reclamando pactos el presidente gallego. En su discurso durante el último debate del estado de la Autonomia, celebrado a mediados de octubre, Feijóo no quiso concretar los posibles acuerdos. Invitó a la oposición a “elegir aquello en lo que puedan ayudar”. Tras descartar el plan de empleo para 30.000 personas con una inversión pública de 250 millones de euros y subir el IRPF a las rentas más altas (ambas propuestas socialistas), ayer el presidente insistió en que acude a la reunión “abierto a todo”. Se tratará, dijo, “aquello en lo que al PSOE le resulte cómodo debatir con el Gobierno”.

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