Dos prostitutas afirman que el Saratoga recibía soplos de redadas

Dos prostitutas que habían trabajado en el club Saratoga apuntalaron ayer las acusaciones contra una presunta red de corrupción policial en torno a los macroburdeles de Castelldefels. Las mujeres afirmaron que los responsables del prostíbulo les informaban de posibles redadas policiales antes de que estas se produjeran. Gracias a esa información privilegiada, los amos del local podían trasladar a las trabajadoras a otro local, especialmente a aquellas que se encontraban en situación irregular en España, detallaron ayer en el juicio.

Las mujeres, ambas rumanas, declararon a petición de la defensa de uno de los acusados, el inspector del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Javier Martín, alias Jordi, para el que el fiscal pide 44 años de cárcel por participar en el negocio policial de los burdeles: dinero a cambio de chivatazos. En su declaración como acusado, Jordi dijo que, en realidad, fingió estar implicado para saber “qué jefes cobraban de los prostíbulos”.

Una de las prostitutas que dio su testimonio ayer fue la que, presuntamente, puso al inspector tras la pista del entramado corrupto. En septiembre de 2005, cuando la red estaba plenamente operativa, Jordi dirigió una redada en el Saratoga. En una conversación privada, la mujer le explicó que los responsables del local las habían avisado de que iba a ocurrir. La segunda prostituta fue detenida por el inspector porque se hallaba indocumentada mientras trabajaba en una carretera. La mujer le explicó que iría a trabajar al Saratoga y este le pidió, supuestamente, colaboración para identificar a policías.

Según el relato de las testigos en la Audiencia de Barcelona, el aviso a los jefes del Saratoga ante una inminente irrupción de la policía se produjo en dos ocasiones: 2006 y 2007. Como ellas son rumanas y tenían papeles, no se marchaban. Otras compañeras, aclararon, lo hacían por temor a ser detenidas. Sobre su trabajo en el Saratoga, explicaron que se quedaban el dinero de los clientes, pero admitieron que no vivían en el club y que las encargadas del local controlaban que no excedieran del tiempo en las habitaciones con sus clientes.

Las prostitutas no pudieron aclarar de dónde venían los soplos. Sí lo hizo un tercer testigo que también declaró a petición de la defensa del inspector. Se trata de un inversor que llevaba a sus clientes al Saratoga y al Riviera, el otro macroburdel bajo sospecha. El inversor, hijo de un mando policial, de ahí su relación con Jordi, explicó que escuchó a los amos de los locales dar la alerta ante las redadas y que, más de una vez, acertaron: él mismo, aseguró, fue identificado en una ocasión.

El inversor puso nombre y apellidos a los dos mandos policiales que, a su juicio, alertaban de las redadas: Abundio Navas y Andrés Otero. En el juicio, Navas —sobre el que pesa una petición de 22 años de cárcel— y Jordi, que fue su subordinado, mantienen posturas enfrentadas. Jordi fue detenido tras reunirse en un hotel con el jefe del Saratoga, a quien le exigió cobrar “la mitad” de lo que pagaban a sus jefes. El empresario grabó la conversación —consta en la causa— en la que el inspector amenaza con “freírle” a redadas si no accede al chantaje.

En el juicio, que comenzó hace dos meses, figuran una veintena de acusados entre jefes y agentes del CNP, dueños de locales y abogados. A cambio de la protección los policías recibían supyestamente dinero, relojes de lujo, viajes de placer con sus esposas y hasta operaciones quirúrgicas.