Ence admite ahora que nunca se planteó trasladar la fábrica de Pontevedra

Nadie, a excepción de los fondos buitre y demás subproductos de la despendolada economía financiera, suele comprar una fábrica que da beneficios para cerrarla. El caso de Ence y la fábrica de celulosas de Pontevedra no era distinto en 2006 cuando Juan Luis Arregui entró en el accionariado del grupo, en un proceso que culminaba la privatización de la compañía. Desde que el empresario vasco es presidente, la idea ha sido mantener en funcionamiento la planta y solventar la papeleta de la Ley de Costas original, que en 1988 dio 30 años de preaviso para que los terrenos volviesen a manos públicas, según confirmaron ayer tanto él como su consejero delegado, Ignacio de Colmenares.

Con la ley convenientemente modificada este año y la prórroga de la concesión pendiente de un informe de la Xunta y de lo que el Ministerio de Medio Ambiente considere que es el “interés general”, Arregui compareció en las oficinas sobre la asfaltada marisma de Lourizán para presentar un informe de la consultora KPMG sobre la importancia económica de la factoría en Galicia —hasta 5.000 empleos y el 0,83% del PIB, según el cálculo— y de paso contestar a los medios, que le preguntaron si los planes siempre pasaron, como daba la impresión, por mantener sine die la fábrica donde está. Arregui señaló que fue “más o menos” en 2007 cuando la dirección decidió que no cabía el traslado, a raíz de un informe de una consultora del sector que calculaba su coste en 700 millones de euros. De Colmenares fue más allá: “El traslado nunca ha sido una vía económicamente aceptable. Aquí era seguir o cerrar y trasladar esta actividad a nuestros complejos en Asturias y Huelva”, dijo.

Las afirmaciones dejan en un lugar poco edificante a los sucesivos gobiernos que en la Xunta han sido. Empezando por el bipartito, que negoció hasta última hora un reparto de potencia eólica a cambio de un compromiso claro, pasando por las sucesivas renovaciones del permiso ambiental aprobadas primero por Pachi Vázquez y ya con el regreso del PP a la Xunta por Agustín Hernández. Siempre supeditadas, al menos de puertas afuera, a negociaciones inminentes sobre calendarios y formas para el traslado. El último en salir escaldado fue Telmo Martín, candidato del PP a la alcaldía en dos ocasiones que presentó el cambio de ubicación como posibilidad real y acabó yéndose al Congreso acusando a Ence de querer comprar la dignidad de los pontevedreses.

Arregui resumió su razonar: "La concesión no es de hace siete años, es de hace 50. Somos gente de empresa y sabemos lo que hay que hacer. Trataremos de quedarnos aquí pero haciéndolo bien, demostrando que lo que hacemos ni daña a nadie, ni molesta a nadie y encima crea 5.000 puestos de trabajo, un montón de ingresos a las administraciones... Ya veremos. Tampoco hay que ponerse en 'usted se tiene que ir".