La fiscalía sobre el caso Asunta: “Debería haber un silencio absoluto”

El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha criticado hoy la información sobre el caso Asunta que han recogido los medios pese al secreto de sumario decretado cuando fue hallado el cadáver de la niña el pasado 22 de septiembre. “Quizá debería haberse impuesto un silencio absoluto sobre los hechos, hasta que los hechos estuvieran claros”, afirmó García Ortiz en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press. “Y una vez que estuvieran claros y pudieran ser difundidos como hecho noticiable, no como investigación judicial, que son dos puntos de vista diferentes, un respeto absoluto a la niña, a la pobre víctima de todo esto que a veces con todo este marasmo parece que nos olvidamos. Habría que blindar la figura de esta niña que no se puede defender”.

El fiscal considera que “el espectáculo mediático no le hace ningún bien a la investigación” del crimen, aunque, en contra del criterio de la defensa de la principal acusada —Rosario Porto, madre de Asunta—, García Ortiz defiende que el jurado popular que se seleccione para juzgar el caso sí puede ser justo e imparcial.

Sobre el caso Prestige, cuya sentencia se conocerá el próximo miércoles, García Ortiz, que ha sido el fiscal encargado de la acusación, considera que, pese a la “tardanza” de la justicia el “resultado procesalmente es digno”. García Ortiz insiste en que el Gobierno de Aznar no tuvo ninguna responsabilidad en la catástrofe provocada por el petrolero en 2002, por lo que el ministerio público no formuló acusación contra José Luis López-Sors, director general de la Marina Mercante cuando se produjo la marea negra. “No creemos que hayamos hecho algo que no debíamos porque estamos convencidos de nuestra tesis de que la Administración española no fue responsable de la catástrofe”, afirmó, para advertir luego que será difícil que la sentencia contente a todas las partes.

Aunque él mismo pide en sus conclusiones 4.000 millones de euros de indemnización, García Ortiz reconoce que no se alcanzará esa cantidad aunque el fallo acepte la reclamación, ya que la aseguradora tiene un límite de 1.000 millones de dólares. Contra la sentencia solo cabe un recurso extraordinario de casación ante el Supremo en el que tendrían que concurrir “una serie de cuestiones muy técnicas”.