Los expertos creen que es posible cerrar Canal 9 en una semana

"Cerrar Canal 9 no representa un problema desde el punto de vista jurídico. En esta crisis se ha hecho ya con muchas empresas públicas", señalaban ayer fuentes judiciales de la Comunidad Valenciana. Tampoco requiere mucho tiempo, añadía el profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia Antonio Sotillo: los pasos básicos para liquidar la televisión pública valenciana, creada hace 24 años, podrían darse "en cuestión de una semana".

Cuestión distinta, coincidían con otras fuentes jurídicas consultadas, es que lo prudente, después del fracaso del expediente de regulación de empleo (ERE) para mil empleados anulado por los jueces, es que el Gobierno valenciano cuide los detalles para evitar nuevos sobresaltos. Esa es la línea asumida por el Ejecutivo autonómico, según las explicaciones que ofreció ayer el vicepresidente José Ciscar. Ello supondrá ampliar los plazos, aunque tampoco en exceso, aseguran los expertos.

Para no repetir errores, tendría que abrirse un periodo de consultas

El primer paso para cerrar el canal, aseguran los juristas, deberá consistir en cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que ha desencadenado la clausura readmitiendo al millar de despedidos. Ese mismo día podría anunciarse el expediente de regulación extintivo para toda la plantilla (en total, 1.660 personas). Para evitar problemas como los que tuvo el ERE anterior, tendría que abrirse un periodo de consultas con el comité de empresa. Los sindicatos podrían plantear planes de viabilidad, pero el propietario —el Gobierno de Alberto Fabra— no encontraría problemas para rechazarlos con el argumento de que tiene decidido el cierre.

Casi simultáneamente, las Cortes Valencianas deberían modificar la ley de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Cabría para ello que la Generalitat utilizase un decreto ley como el que ha empleado para recobrar el control del canal, pero el profesor de Derecho Administrativo Andrés Boix advierte de que con ello se expondría a que el Tribunal Constitucional lo tumbase por falta de urgencia y necesidad. Lo más probable es que el Consell aproveche su mayoría en las Cortes Valencianas para tramitarlo como proyecto de ley de lectura única, la fórmula legislativa más rápida.

Los activos del ente deberán ser liquidados en una subasta pública

RTVV correrá a continuación la suerte de cualquier empresa en su situación: los activos serán liquidados para hacer frente a los pasivos. Al tratarse de una empresa pública, la liquidación deberá hacerse mediante subasta pública, si bien los bienes físicos podrán venderse en grandes paquetes. Más problemas planteará la venta de la frecuencia, que está reservada para servicio público. La creación de una nueva televisión que cumpla ese fin, sea directamente de la Generalitat o de gestión privada, deberá esperar para evitar que los jueces lo consideren una sucesión de empresas, una de las más antiguas fórmulas de fraude a los trabajadores.

Pasado ese tiempo, que parte de las fuentes consultadas consideran que como mínimo consumiría la actual legislatura —lo que significaría que por primera vez desde 1995 la Generalitat no dispondría de un medio propagandístico público a su favor— esa posibilidad podría plantearse con cierta seguridad. Sobre todo si se cambia la naturaleza jurídica utilizando la fórmula de gestión privada del servicio público.

Una posibilidad que ya intentó el expresidente Eduardo Zaplana y fue tumbada por la justicia, pero que ahora cuenta con el marco apropiado después de la ley aprobada esta legislatura por el Gobierno de Mariano Rajoy. La gestión privada de un servicio público es rechazada por la oposición.

No será el único problema que afrontará el Consell, que ayer ya recibió el primer recurso contra su plan de cierre de RTVV. Compromís llevó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano el nombramiento de los cinco consejeros por medio de un decreto ley, si bien fuentes jurídicas le auguraron poco recorrido, ya que tal norma solo puede ser revisada por el Tribunal Constitucional.

Más recorrido podría tener el hecho de que los nuevos consejeros nombrados por la Generalitat no parecen cumplir con el requisito de acreditada experiencia en el mundo audiovisual que aún se mantiene vigente en la ley, porque el Consell no cambió ese artículo. Por esa vía podría recurrirse su nombramiento, un acto administrativo que si puede revisar el TSJ y que de prosperar conllevaría, señala Boix, la anulación de su elección y de todas las decisiones que adopten a partir de ahora.