El Gobierno de Fabra aprueba un decreto ley de urgencia para controlar RTVV

El Gobierno valenciano, que preside Alberto Fabra, ha aprobado de urgencia un decreto-ley para recuperar el control de Ràdio Televisió Valenciana tras la situación en la que quedó el ente este jueves tras la dimisión de la directora general Rosa Vidal y los otros cuatro miembros del PP del consejo de administración.

La medida, que tiene carácter excepcional y que ha entrado en vigor esta misma tarde con la publicación del decreto-ley en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se ha adoptado tras comprobar que el resto de miembros del consejo de administración, elegidos por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida, se había reunido este mediodía para celebrar un pleno en las propias instalaciones de RTVV y cubrir el vacío de poder.

El decreto ley modifica la legislación para permitir que el Gobierno valenciano puedan nombrar provisionalmente nuevo director general y los puestos vacantes del consejo de administración de RTVV sin necesidad de que sean ratificados por el Parlamento. Esta norma es la que ha permitido nombrar a Ernesto Moreno como nuevo director general en sustitución de la dimitida Rosa Vidal. Moreno ha sido hasta ahora subdirector de Culturarts (el conglomerado que aglutina los institutos culturales de la Generalitat) y con anterioridad fue gerente del Palau de les Arts, cargo al que accedió por decisión de la intendente Helga Schmidt.

En el preámbulo del decreto se indica que ante la renuncia de determinados miembros del consejo de administración y de su directora general y la imposibilidad de "proceder de forma inmediata a la renovación de cargos", se requiere la adopción de medidas urgentes que aseguren la administración de RTVV y el "normal funcionamiento del servicio público".

Sobre la actual situación de la radio y televisión públicas se argumenta que se ha dado una situación de "ausencia de gobierno y administración" que impide los principios legales de actuación.

Esa "incertidumbre", según consta en el preámbulo del decreto, repercute en el funcionamiento de la entidad, que carece de gobierno y de un responsable que "garantice el cumplimiento de los objetivos generales, el respeto de los principios de programación, así como la buena administración y gobierno".

Entiende el Consell que esta situación impide asegurar "la debida protección de los activos de una entidad perteneciente al sector público, con el riesgo que ello conlleva".

"Estas circunstancias impiden que se puedan ejercer funciones de trascendencia como autorizar pagos y gastos. La grave situación requiere una respuesta inmediata que no es posible llevar a cabo con el marco legal actualmente existente", añade el preámbulo.

Por este motivo, "resulta necesaria la adopción de medidas urgentes que con la mayor celeridad aseguren la administración de la mercantil pública y el restablecimiento del normal funcionamiento del servicio público", concluye el preámbulo del decreto ley.