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Barberá colaborará “muy a gusto” con el juez

La oposición espera que los políticos del PP expliquen los convenios con Urdangarin

El presidente del Consell, Alberto Fabra, responde a preguntas sobre la citación a Camps y Barberá.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha manifestado hoy que irá a declarar "muy a gusto" el próximo día 16 por el caso Nóos y ha recordado que acudirá como testigo. Barberá ha dicho ser como cualquier ciudadano al que un juez reclama como testigo para colaborar en el esclarecimiento de unos hechos.

Preguntada por los periodistas por la citación del juez José Castro en relación con los contratos por los que el instituto de Iñaki Urdangarin cobró más de tres millones de euros de las Administraciones valencianas, la alcaldesa ha indicado que no ha podido hablar con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, también citado para el mismo día.

Según Barberá, los que supuestamente han querido perjudicar su imagen "ya lo han hecho mucho". "Pero se han quedado con que a mí no me han imputado, les da igual destrozar a la gente, ahora soy testigo y voy de sumo gusto a colaborar con la Justicia", ha precisado.

Dos días de declaraciones

El juez Castro ha citado para el 15 de noviembre al exconsejero de Economía y expresidente del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA Gerardo Camps, salvo que haga uso de su prerrogativa legal y quiera declarar en su despacho en el Congreso de los Diputados.

Ese mismo día está citada a declarar Patricia Corrons, exdirectora-gerente de la Sociedad de Promoción Estratégica de la Comunidad Valenciana.

Durante la mañana del 16 de noviembre pasarán por la Ciudad de la Justicia de Valencia Ana Brusola Cardo, secretaria general administrativa de Presidencia de la Generalitat; José María Olano, exjefe de la Asesoría Jurídica de Presidencia y exsecretario autonómico de Política Institucional; e Irene Chova Gil, interventora de la Generalitat.

Las comparecencias de la mañana las cerrarán Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, salvo que haga uso de su privilegio de declarar por escrito, y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia.

En ambos casos, la providencia indica que las preguntas que se les formulen "no necesariamente" tendrán que abocar en respuestas que, "al ir ineludiblemente presididas por el deber de veracidad, representen directa incriminación hacia sus autores, habida cuenta de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad resolvió en su día que no procedía su imputación".

La serie de comparecencias de testigos concluirá por la tarde con el interventor del Consorcio de la Copa América; con Carlos Medina Morales, empleado de Aizoon entre 2005 y 2007, y con Carlos Masiá Martí.

También por la tarde, aunque en calidad de imputado, ha sido citado a declarar Luis Tejeiro Losada, por su supuesta vinculación con la empresa Aizoon SL y con la supuesta contratación de empleados ficticios para el Instituto Nóos.

El juez castro también requiere a Puerto Valencia, a los comisionados de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia en la Copa América, Confederación Empresarial Valenciana, Cámara de Comercio y Centros Redit para que certifiquen si durante el año 2004 recibieron la propuesta o visita de Diego Torres para tratar del proyecto Valencia Summit y si colicitó dotación financiara para el mismo.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, también ha sido preguntado sobre la citación a los políticos populares. Ahora "tienen la ocasión de poder colaborar" con la Justicia, como siempre han querido, ha sostenido. "Han estado viendo que sus nombres aparecían dentro de un proceso sin posibilidad de decir absolutamente nada", ha afirmado Fabra, y ahora podrán "aportar todas aquellas cuestiones que considere el juez".

"No hay que hacer más valoraciones", ha manifestado Fabra, quien ha destacado que ya en su día se dijo que no había "indicios suficientes" para que ambos pudieran ser imputados en esta causa. Así lo decidió el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que rechazó asumir el caso porque vio indicios de delito en Nóos pero no suficientes para imputar a Camps y Barberá.

Por su parte, los grupos de la oposición en las Cortes esperan que Camps y Barberá expliquen cuál fue su papel en este asunto. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, dependiente de la Generalitat, y la fundación municipal de turismo, firmaron los convenios con el Instituto Nóos para la celebración de los llamados Valencia Summit entre 2004 y 2006, unas jornadas sobre el impacto de los eventos deportivos en las ciudades que costaron más de tres millones de euros. Además, la Generalitat desembolsó más de 300.000 euros por unos Juegos Europeos que nunca se realizaron.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, considera "razonable" que ambos sean citados a declarar porque, a su juicio, las decisiones que se tomaron "fueron dirigidas por ellos". Puig considera por ello que lo lógico es que, "de una vez por todas, expliquen por qué tomaron esas decisiones que fueron tan negativas para la Comunidad Valenciana".

Igualmente, el portavoz de la coalición Compromís, Enric Morera, confía en que Camps y Barberá "cuenten a la Justicia lo que no han querido explicar nunca en sede parlamentaria".

"Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué pasa con nuestro dinero, y eso no lo han explicado nunca protegidos por el PP, que ha vetado esas explicaciones", ha añadido en referencia al expresidente y la alcaldesa, ambos diputados autonómicos.

Morera espera que la Justicia "continúe con sus investigaciones para saber si se ha actuado de forma fraudulenta, si se ha regalado dinero público que ahora falta para la dependencia, educación, sanidad, seguridad, empleo o bienestar".

En este mismo sentido se ha expresado el diputado de Esquerra Unida del País Valencià Ignacio Blanco, al señalar que están "muy satisfechos de que Francisco Camps y Rita Barberá tengan al fin que comparecer ante la Justicia y dar explicaciones sobre el caso Nóos".

"Hasta ahora ambos, que son diputados en las Cortes Valencianas, se han negado a comparecer en el Parlamento y a decir qué hicieron y qué no hicieron para favorecer a Iñaki Urdangarin, que se llevó más de cuatro millones de euros de los valencianos", ha añadido Blanco.

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