Los trabajadores de limpieza llevan el conflicto a las calles de la capital

Comienza hoy la huelga indefinida de los trabajadores de la limpieza viaria y de la jardinería de Madrid. Por ahora, las posiciones entre empresas y sindicatos son irreconciliables. El Ayuntamiento, de momento, se mantiene al margen porque considera que los problemas en los servicios de la limpieza son solo un enfrentamiento entre trabajadores y patronal por la negociación de los convenios colectivos. El Consistorio mantiene privatizado el servicio y, por lo tanto, no se trata de trabajadores municipales.

Los empleados, que ayer llevaron las hogueras y los petardos a las calles en una manifestación de miles de personas, protestan porque los expedientes de regulación de empleo anunciados por las empresas que tienen los contratos de limpieza dejan en la calle a 1.144 empleados de los 6.000 que prestan ese servicio en la capital. A principios de agosto, las concesionarias ya despidieron a 350 personas.

El presupuesto en esos servicios ya se había ido reduciendo en los últimos años: un 18% menos el de limpieza viaria entre 2011 y 2013; un 19% menos el de parques y jardines en los mismos años. El nuevo contrato dividía Madrid en seis zonas y, con él, el Ayuntamiento pretendía rebajar aún más los costes. Pedía una rebaja de un 10% a las empresas sobre el presupuesto inicial de 2.316 millones. Las concesionarias que más bajo ofertasen el servicio se llevarían los contratos. Salieron ganadoras Cespa (de Ferrovial), Valoriza (del grupo Sacyr), OHL y FCC-Alfonso Benítez. Entre todas ofrecían hacer el servicio por 1.943 millones, una rebaja total del 16%. Ese recorte de 373 millones es el que ha creado finalmente el conflicto. Las empresas alegan que no pueden llevar a cabo el servicio sin reducir salarios y trabajadores. Y el Ayuntamiento no establece en sus pliegos ninguna exigencia para que se mantuviera el empleo.

Las cosas hoy por hoy, mientras continúa la negociación, están como siguen: las empresas pretenden despedir a 1.144 trabajadores y aplicar rebajas salariales de hasta el 43%. En las últimas horas, fuentes sindicales hablaban de que las concesionarias habían ofrecido 900 despidos siempre que el resto de la plantilla se bajara un 12% más el sueldo.

El perfil del trabajador del sector es el de un empleado de entre 35 y 55 años de media, casado, con hijos, hipoteca y estudios primarios. Lleva trabajando entre 12 y 15 años en el sector y cobra entre 1.000 y 1.300 euros de media.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, confió ayer en que los paros no afecten a los ciudadanos y recordó que los servicios están externalizados y que corresponde a empresas y sindicatos alcanzar un acuerdo. Esa premisa es la que ha repetido el Ayuntamiento desde que empezó a vislumbrarse el conflicto. Según el Consistorio, su única labor es fiscalizar a las empresas y ver si cumplen con los niveles de calidad exigidos en los pliegos. No hacerlo puede conllevar sanciones: el Ayuntamiento puede detraer hasta el 6% del contrato si no cumplen.

Los sindicatos vinculan los despidos con los recortes municipales

Sin embargo, en un contrato piloto entre agosto de 2012 y agosto de 2013 que probaba el que ahora está vigente, el Ayuntamiento solo penalizó con 223.000 euros (un 0,6% del contrato), por 25 incidencias, en su mayoría, suciedad de las aceras. Los sindicatos se han quejado de ese tipo de fiscalización que recae en solo 300 inspectores, uno cada 11.000 habitantes o 20.000 metros cuadrados.

“Hacen falta muchas huelgas para oponerse a las políticas del Partido Popular, que son las que están generando esta situación”, señaló ayer Raquel López, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. “Que no quede en que esto es un asunto solo de la patronal. Apoyamos los servicios públicos. Estamos hablando de más de 1.000 trabajadores con nombres, apellidos y familias”. También el socialista Jaime Lissavetzky arremetió ayer contra el hecho de que la alcaldesa no asumiera ninguna responsabilidad. “Botella es el origen y la causa del malestar de los trabajadores. No puede cerrar los ojos ante un problema que ha causado ella”, aseguró ayer.

Comienza así un conflicto a tres bandas que a tenor de la tensión acumulada en estos meses puede ser largo. Los sindicatos tratarán de que no haya ningún despido, las empresas intentarán tensionar la cuerda para que el negocio siga siendo rentable. El Consistorio, por ahora, intenta mostrar que solo hay dos partes. Pero en anteriores ocasiones ha declarado que sin 1.000 trabajadores no se puede dar el mismo servicio. El estado de las calles en los próximos días permitirá ver el alcance del conflicto.